Cualquier sentencia del TC sobre el Estatut pondrá en apuros al Gobierno

El Tribunal Constitucional tiene en sus manos la patata caliente del presente curso político. En su primera semana jurisdiccional no ha habido convocatoria de Pleno y los magistrados han dedicado los primeros días a sus respectivas Salas para deliberar, principalmente, recursos de amparo. El Estatuto catalán, no obstante, no queda en segundo plano y continúa su valoración a través de llamadas telefónicas y reuniones informales.

Algunos partidos catalanes, como ERC, dudan de la credibilidad del Alto Tribunal a la hora de dictar una sentencia imparcial, pero esto no es todo. Diversas voces en Cataluña ponen en tela de juicio su legitimidad para poner en cuestión lo que sus ciudadanos han refrendado. El propio ex presidente Jordi Pujol declaró el pasado martes que los integrantes del tribunal "no merecen respeto porque están caducados, porque están politizados, porque obedecen a consignas de partido y porque están preocupados por quién va a ser el próximo presidente".

La fotografía actual es la de un órgano que cuenta con cuatro de doce magistrados -entre ellos la presidenta, María Emilia Casas- que deberían haber sido relevados en su cargo hace más de un año y medio. Además, hace 15 meses que se debería haber cubierto la vacante del fallecido Roberto García-Calvo. El Constitucional, por tanto, se juega también el crédito en este frente. La situación del Estatuto es la misma que en julio. Tras la lectura de un tercer borrador de sentencia, los miembros del tribunal no logran alcanzar un acuerdo en dos puntos: el consabido término “nación” y el deber de conocer el catalán por los ciudadanos de la autonomía.



Todos opinan
Entretanto, las manifestaciones políticas se suceden a mayor o menor ritmo pero siempre con repercusión. Fuera de Cataluña, las de mayor resonancia han sido las del ministro del Interior. Alfredo Pérez Rubalcaba abogó en una entrevista concedida a Punto Radio por que los poderes del Estado, sin aludir al expresamente al Constitucional, no varíen lo que la Cámara autonómica dio por bueno. El preámbulo del Estatuto, dijo, “se limita a describir un hecho y es que el Parlamento de Cataluña, en su momento, se definió como nación, cosa que es tan cierta como que lo hizo, lo votó". El titular de Interior añadió que "lo que no puede hacer España es negar esa decisión".

Su compañero de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, favoreció la tendencia generada a raíz de las declaraciones de Rubalcaba y que, entre otros, el Partido Popular, han venido a llamar “presión al Poder Judicial”. Corbacho dijo tener "pleno convencimiento de que el Estatuto de Cataluña es plenamente constitucional" y se mostró seguro de que la justicia “así lo confirmará” en su sentencia.

EL IMPARCIAL se ha puesto en contacto en las últimas horas con responsables de CiU, ERC e ICV. Todos ellos suscriben lo que han manifestado hasta el momento, pero también su deseo de detener las especulaciones y de hacer “política ficción”. La respuesta, destacan en las tres formaciones, se producirá cuando el Alto Tribunal se pronuncie. Voces autorizadas de ERC en Madrid adelantan, no obstante, que si el Constitucional varía en algún punto esencial el texto aprobado en Cataluña el partido “secundará” todas las acciones de protesta que se promuevan desde su formación o desde cualquier otra.

El hecho de que estos partidos suscriban todo lo dicho hasta la fecha significa que dan por buenas palabras como las de Artur Mas (CiU), quien dijo que “si el Constitucional toca el Estatut, Cataluña debe salir a la calle”. De la misma opinión es Josep Lluis Carod-Rovira, que propugna una gran manifestación. Pero el político más contundente a la hora de expresarse sobre la paralizada norma autonómica pertenece al Gobierno catalán de José Montilla. Joan Saura (ICV), consejero de Interior, manifestó que “un fallo que afecte a aspectos importantes obligaría a rehacer el pacto político entre Cataluña y el Estado".



El enemigo en casa
Cualquier dictamen del Constitucional traerá cola. En caso de dar luz verde al Estatuto, otras comunidades autónomas podrían exigir una equiparación y, si lo tumba, los dirigentes catalanes no se van a quedar de brazos cruzados a tenor de lo dicho. El Gobierno tendrá además que lidiar con sus propios socios, y no sólo ERC o ICV sino también con un PSC dividido. El sector más catalanista de los socialistas, formado entre otros por el consejero de Educación, Ernest Maragall, y por el portavoz del PSC, Miquel Iceta, puede poner en apuros al Ejecutivo central. El primero es partidario de ignorar la sentencia si es negativa para sus intereses y el segundo dice estar convencido de que ésta no afectará sólo a Cataluña sino a todo el Estado español, y va más allá al asegurar que "una sentencia que cuestione de forma significativa el Estatut sería un golpe muy duro para el presidente Zapatero".

En su discurso con motivo de la Diada, José Montilla se comprometió a liderar la respuesta catalana “en el caso de que el Tribunal Constitucional recorte el Estatut”. El presidente de la Generalitat anunció que estará “ante la respuesta institucional que se tenga que dar a los retos que se planteen". Las declaraciones, bien acogidas por sus socios de Gobierno, seguramente no lo hayan sido por otros compañeros de partido. Bien conocida es la opinión de, por ejemplo, José María Barreda. El presidente manchego cree "inasumible" que Cataluña sea una nación. Por su parte, el Ejecutivo central se ha manifestado tras el último Consejo de Ministros. María Teresa Fernández de la Vega pide paciencia y esperar a la sentencia, aunque a ella ya le precedieron, no con la misma cautela, los ministros del Interior y de Trabajo.

El Estatuto de Cataluña ha cumplido tres años pero puede morir en la orilla. La esperada sentencia se conocerá antes de Navidad. Antes, deberá haberse roto el enquistado equilibrio instalado en el seno del tribunal entre progresistas y los conservadores. La patata caliente del curso político está cerca de caer en manos del Gobierno, que dentro de poco conocerá si su nueva batalla la librará con otras comunidades autónomas o con los partidos catalanes, algunos de ellos socios en Cataluña y salvavidas imprescindible en el Congreso de los Diputados.