El Consejo propone que prevalezca la opinión de la menor en caso de conflicto

El Consejo de Estado ha propuesto en su informe sobre el anteproyecto de ley de reforma del aborto un régimen para regular, en el caso de las menores de edad, cuándo se tiene que producir el consentimiento paterno y cuándo deben ser informados los padres. Así, afirma que en caso de que las menores entre 16 y 18 años expongan "fundadas razones" que demuestren que informar a sus padres generaría un conflicto, sería suficiente la declaración de la joven.


Tras el anuncio del Consejo de Estado de avalar la constitucionalidad de la reforma de la ley del aborto, también se suceden las modificaciones que plantea. Así, este organismo reconoce el derecho de las mujeres menores de edad (entre 16 y 18 años) a tomar libremente la decisión de abortar, pero también el de los padres a ser informados de esa decisión, y en el caso de las menores de 16 años, también a ser oídos por el médico.

Sin embargo, en el caso de que las menores (entre 16 y 18 años) expongan "fundadas razones" que hagan suponer que el hecho de informar a sus padres pudiera desencadenar un grave conflicto entre su decisión y la que pudieran aconsejar sus padres, el Consejo plantea que sería suficiente la declaración de la joven.

En el caso de que ese conflicto se produzca en menores de entre 12 y 16 años, el Consejo de estado recomienda la intervención judicial.

El régimen propuesto por el Consejo de estado es el siguiente: una menor de doce años: el consentimiento correspondería a su representante legal; una menor con al menos doce años: el consentimiento correspondería a su representante legal, que debe escuchar la opinión de la menor; y una menor con 16 años cumplidos: la decisión corresponde exclusivamente a la mujer, pero los padres tienen derecho también a ser informados.

España, paraíso del "turismo abortista"
Además, este organismo considera que España se ha convertido durante los últimos años en un paraíso del "turismo abortista", y ha subrayado la importancia y la necesidad de reformar la actual legislación, vigente desde 1985. El Consejo de Estado constata en su informe el "creciente fracaso" de la ley actual, y que la regulación haya convertido España en un paraíso del "turismo abortista" y en el país europeo en el que más crece el número de abortos.

Advierte además que la aplicación de la ley de 1985 ha conducido a España a una "indeseable" situación de aborto libre, "cuando no arbitrario", y considera que el creciente número de abortos en España demuestra la disfuncionalidad de una regulación "que no responde a la situación actual".

El informe pone de relieve la oportunidad de reformar la actual legislación, pero insiste en que esa reforma vaya acompañada de un refuerzo de las medidas de educación y de sanidad sexual. El Consejo de Estado sí aconseja revisar y especificar en qué consiste manifestarse contra la interrupción del embarazo y en qué momento debe expresarse, y propone varias soluciones, entre ellas la de eliminar esa redacción y regular la objeción de conciencia de los facultativos.

Plantea además la posibilidad de que el Comité Clínico previsto en la ley se pronuncie sobre la enfermedad incurable del feto, pero que no corresponda a ese órgano autorizar el aborto, una decisión que correspondería en exclusiva a la madre. Incide el dictamen del Consejo de Estado en la importancia de mejorar la información que se da a la mujer gestante, en que esa información sea personalizada "y no estandarizada", sin introducir consideraciones éticas ni religiosas, y tendiendo siempre a la protección de la maternidad y no al fomento de la interrupción del embarazo.

Recomienda también sancionar con mayor severidad los médicos que practican abortos ilegales y aquellos facultativos que practican los abortos en condiciones que atentan gravemente contra la salud de la mujer o contra la del "nasciturus" por estar en "avanzadísimo" estado de gestación.

Jiménez, con el aborto libre
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró que ella "mantendría" el Anteproyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con aborto libre para las niñas de 16 años después de que este jueves el Consejo de Estado instase al Ejecutivo a que garantice que los padres de estas menores estén informados cuando éstas se decidan a interrumpir voluntariamente el embarazo.

Derecho a Vivir manifiesta sus dudas
Derecho a Vivir ha manifestado sus dudas sobre la constitucionalidad de la Ley, avalada este jueves por dicho organismo. En declaraciones a EL IMPARCIAL, la portavoz de la asociación, Gádor Joya, ha recordado "que el nasciturus es un bien jurídico que el Estado tiene el deber de proteger", según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985.

Por ello, considera que "el Consejo de Estado tendrá que explicar cómo se acoge" la nueva ley de plazos a la Constitución puesto que, según Joya, "con una ley de plazos esta vida queda completamente desprotegida hasta la semana 14, por lo menos".

En cuanto a la sugerencia de informar a los padres, "sin contemplar que su opinión tenga ningún valor, a mi entender, es, aún si cabe, más aberrante", ha lamentado Gádor Joya.

Según Derecho a Vivir, el mensaje que se está transmitiendo a las adolescentes es que "es el Estado el que va a darle a ella el permiso" para abortar, dejando a los padres "en evidencia y desautorizados".