Justicia en crisis

De entre los sucesivos gabinetes habidos con José Luís Rodríguez Zapatero, dos personas han destacado especialmente en lo que a malos modos y catastrófica gestión se refiere: Magdalena Alvarez, en Fomento, y Mariano Fernández Bermejo, en Justicia. En el caso concreto de éste último, su obligada dimisión trajo algo de sosiego a un ámbito, el judicial, excesivamente turbado por la incompetencia del ministro anterior. Al frente de la cartera de Justicia se situaba Francisco Caamaño, cuyas apariciones públicas hasta el momento habían sido contadas. Ayer fue una de ellas, al anunciar en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros el Plan para la Modernización de la Justicia. Detrás de ese nombre tan rimbombante hay un programa de actuación que implicará más personal, más juzgados y más medios en general.

Todo lo que sea acometer la reforma de la Justicia en España es una buena noticia. Máxime, si se tienen en cuenta sus enormes carencias, algunas de ellas incompatibles con la seguridad jurídica que todo Estado de Derecho debe brindar a sus ciudadanos. El Plan ha sido acogido con escepticismo. Y no es para menos. Fundamentalmente, porque teniendo en cuenta quien preside el Consejo de Ministros, el Plan en cuestión viene marcado por su cuño personal: mucha promesa y poca concreción. Por de pronto, se echa de menos alguna referencia más precisa a la medida en que la administración central y las autonómicas habrán de aportar sus respectivos recursos, ya que las competencias en esta materia están transferidas. En Andalucía, por citar un caso, se ha llegado al absurdo de que los agentes judiciales tengan que entregar las citaciones y providencias en autobús, al no haber presupuesto para otro medio de transporte. Además, nada se dice de la carga de trabajo de jueces y magistrados, algo crítico, si tenemos en cuenta el endémico retraso en la ejecución de sentencias, debido en parte al excesivo jornal a que han de enfrentarse cada día los juzgados españoles. Al menos, se aprecia buena voluntad y eso es de agradecer. Pero lo que realmente precisa la Justicia son hechos concretos y no promesas de humo.