Lunes 21 de septiembre de 2009
Según datos oficiales, el pasado año el 35 por ciento del profesorado de educación primaria y secundaria necesitó atención psicológica. Más de doscientos maestros sufrieron agresiones denunciadas, ya que el número de éstas, que no se tramitan por el temor de los docentes, es mucho mayor. Y las bajas por depresión y jubilaciones anticipadas aumentan considerablemente de año en año. Los datos citados son del propio Ministerio de Educación, por lo que no puede pensarse que tales evidencias sean una estrategia de crispación para erosionar al Gobierno. Es un hecho que la educación en España tiene un problema, y gordo. Viene de lejos y ha ido cogiendo vicios adquiridos que se han ido enquistando con el paso de los años. De ahí, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se haya decidido a actuar otorgando por ley a los docentes la autoridad que habían ido perdiendo paulatinamente, devorada por la demagogia de un sistema educativo falsamente “progresista”.
Inicialmente, la medida fue muy bien acogida entre la comunidad docente, cuyos sindicatos la apoyaron sin fisura alguna. El PSOE, por boca de su ministro de Educación, Angel Gabilondo, adoptó una posición cautelosa, aunque a primera vista daba la impresión de que la iniciativa no desagradaba del todo. Pero tras la esperanza inicial se ha pasado a la incertidumbre presente, y puede que futura. La autoridad del maestro es sólo el primer paso de un camino tortuoso, el de desfacer entuertos pasados como el de lograr un currículum adecuado -no como ahora, con diferentes contenidos según en qué comunidad autónoma se esté-, una mayor cultura de la responsabilidad, esfuerzo, la excelencia y el que un niño en España pueda escolarizarse en el idioma que elijan sus padres –incluido, el castellano- con independencia del lugar donde viva.
Hay que exigir a PSOE y PP, cuyos escaños en el Parlamento suman 324 de 350 posibles, un esfuerzo común en aras a un imprescindible entendimiento. Educación e investigación son la clave del progreso y la garantía de una sociedad, culta, cosmopolita y democrática. Desgraciadamente, la situación en España no es buena. Ningún gobierno ha hecho el esfuerzo que debiera. Pero también es de justicia añadir que del actual estado de la educación en España, el mayor responsable es el Partido Socialista, que ha cambiado el mérito y el esfuerzo por la permisividad y la total carencia de asunción de responsabilidades. El deseado y predicado consenso exige un espíritu de pacto y acuerdo. Sin embargo, ninguna de las enmiendas en materia educativa presentadas por el PP ha sido admitida, claro ejemplo de que falta ánimo de transacción. Las últimas declaraciones de destacados socialistas apuntan hacia un continuismo con el actual modelo, cuyos resultados se vieron hace bien poco en los incidentes de Pozuelo de Alarcón. El PP ha movido ficha. Ahora le corresponde al PSOE progresar adecuadamente, o seguir anclado en un preocupante “necesita mejorar”.