Miércoles 07 de octubre de 2009
Que el caso “Gürtel” está haciendo un enorme daño al Partido Popular es un hecho sabido por todos. En lo que se refiere al ámbito interno, dicho daño podría haber sido mucho menor si Mariano Rajoy hubiese cogido el toro por los cuernos desde un primer momento en lugar de seguir con su habitual política del avestruz. Incluso descontando manipulaciones, tergiversaciones e intoxicaciones, es evidente que en la financiación del PP se han cometido acciones intolerables y vergonzosas, cuando no delictivas, que la propia dirección del Partido Popular debía haber depurado hace ya mucho tiempo. Pero dejando a un lado cuestiones que afectan e implican directamente al partido Popular, ocurre que hay un frente donde los populares batallan en una tremenda desigualdad, ya que no sólo ha de hacer frente a sus problemas internos, sino al acoso judicial orquestado desde el Gobierno. Buena prueba de ello es la apertura parcial del secreto -es un decir- del sumario del caso “Gürtel” en Madrid.
Pocos sumarios habrá habido con una instrucción tan calamitosa y plagada de filtraciones como la del “Gürtel”. La filtraciones en cuestión, siempre administradas con sospechosa precisión política, amen de constituir un delito vulnerando el derecho a la defensa de los encausados, dejan en muy mal lugar la seguridad jurídica que se respira en según qué tribunales. Pero es que además muchas se han demostrado claramente falaces, sin que los voceros de turno hayan movido una sola coma de sus libelos. Mientras, el Gobierno se frota las manos, ya que con semejante divertimento quedan temporalmente eclipsadas sus tropelías en materia económica.
El artículo 26 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite al Fiscal General del Estado a llamar a su presencia a cualquier miembro de la carrera fiscal y “darle las instrucciones que estime oportunas”. Anticorrupción, por ejemplo. Es sintomático el celo con el que se están empleando numerosos fiscales a la hora de mantener abiertas el mayor número de causas posibles donde haya alguien vinculado al PP. Bien es verdad, como hemos reiterado ex abundantia, que lo que ha ido apareciendo hasta ahora -y lo que resta por saberse- deja en muy mal lugar al Partido Popular, cuyos dirigentes tendrían que tomar cartas en el asunto a la mayor brevedad posible. Está claro que las autoridades gubernativas y judiciales tienen la obligación de perseguir la corrupción donde se encuentre. La misma obligación que tienen de perseguir filtraciones e impedir cualquier intento del ejecutivo de manipular las instituciones del Estado.