Esta semana se cumple 100 días del golpe de estado que destituyó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya del poder y desencadenó una de las peores crisis políticas, no sólo de este país centroamericano, sino de toda América Latina
Todo y nada ha ocurrido en estos cien días que
Manuel Zelaya cumple como presidente depuesto de Honduras. Todo porque en poco más de tres meses la comunidad internacional se ha abalanzado ferozmente sobre el gobernante de facto, Roberto Micheletti, Zelaya se ha convertido en el gran protegido de Latinoamérica, y la sociedad hondureña se encuentra fracturada como resultado de la profunda polarización que se vive en el país. Nada, porque pese a las iniciativas del Acuerdo de San José, instado por el jefe de estado costarricense y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias; y a las resoluciones de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas, muy pocos se ha hecho en realidad, para solucionar la crisis política que padece una de las naciones más pobres del continente desde el pasado 28 de junio.
Mientras Zelaya pavonea su martirio por toda la geografía americana y
Micheletti hace malabares para no sucumbir al desgaste de una situación que cada vez se le escapa de las manos, los hondureños no pueden sentir otra cosa que fatiga. Un estado de ánimo que ingeniosamente titula el editorial del pasado martes 5 de octubre del diario “La Tribuna” de Honduras, el cual puso de manifiesto el agotamiento que no sólo experimentan los ciudadanos de este país, sino también la región entera.
Aún cuando en la pasada Asamblea General de la ONU, el mundo no se cansó de condenar el golpe de estado contra Manuel Zelaya, haciendo un llamamiento a la “restauración el orden democrático”, al unísono de la OEA, que hacía lo mismo tratando de hallar los mecanismos diplomáticos para recomponer la mesa de
diálogo e impulsar el “Plan Arias”, lo cierto es que las buenas intenciones de la comunidad internacional no son suficientes para solventar una situación que apunta a extenderse y estancarse. Los “pañitos de agua caliente” que propone los líderes y organismos internacionales, no van a aliviar el malestar que padece Honduras desde hace 100 días, y menos si las partes en conflicto no asumen su cuota de responsabilidad y no se sientan a analizar concienzudamente, los errores que desencadenaron la crisis política.
A inicios de esta semana, el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, confesó el fallo que supuso haber sacado a Zelaya del país, a la vez que admitió estar dispuesto a renunciar al cargo si se lleva a cabo los
comicios previstos para noviembre. Un verdadero avance si se toma en cuenta que Micheletti se ha caracterizado en todo este tiempo, por asumir una postura tajante e intransigente, que le ha valido ser objeto de críticas, sobre todo por parte de organizaciones de Derechos Humanos, debido a las duras medias restrictivas que le ha impuesto tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación hondureños.
Sin embargo, Manuel Zelaya, no ha dado síntomas alguno de rectificación a lo largo de estos tres meses.
El mandatario depuesto, aquel que quiso reformar ilegalmente la constitución de su país para permanecer en el poder, a fin de copiar el modelo político instaurado en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua; sigue abanderándose,-amparado por el consenso regional-, como la víctima de un golpe de estado que el mismo contribuyó a generar y que no le conviene reconocer.
La única respuesta posible al manojo de interrogantes que es hoy en día Honduras es la celebración de
las elecciones generales cuanto antes, siempre y cuando, Manuel Zelaya y Roberto Micheletti se abstengan de participar o intervenir en el circuito electoral.
Si bien el contexto actual del país no ofrece las mejores perspectivas para llevar a cabo unos comicios presidenciales, está claro que es la vía más oportuna y pragmática para devolverle
cierto orden institucional a una nación que perdió el norte democrático hace poco más de tres meses.