Viernes 09 de octubre de 2009
El Tribunal Constitucional italiano abrió la puerta al procesamiento del presidente del Consejo de Italia, Silvio Berlusconi, declarando inconstitucional el “Laudo Alfano”, la ley que otorgaría inmunidad judicial a los cuatro mayores cargos del Estado. Según la Corte, la ley atenta contra dos artículos de la Constitución: el 138 (la inmunidad de los altos cargos debe legislarse por la vía constitucional y no por la ordinaria) y el artículo tres (todos los ciudadanos son iguales ante la ley). Por lo tanto, la sentencia significa la reapertura como mínimo de dos de los cuatro procesos en que Berlusconi está acusado (uno por soborno y otro por irregularidades financieras en la compraventa de derechos televisivos). Además confirma que, en un Estado de derecho, ningún sujeto está por encima de la ley, tampoco el presidente del Consejo de Ministros.
La sentencia debe ser interpretada como una victoria del Estado de Derecho en una etapa difícil para el país, caracterizada por el desprestigio internacional y la falta de credibilidad interna. La decisión de la Corte, que honra a la justicia italiana, representa un primer intento jurídico de poner freno a un presidente que anhela sobrevivir fuera de la ley, desafiando las reglas democráticas y apostando por desmoronar la democracia parlamentaria, vaciarla de contenido y gobernar por decreto ley. Berlusconi sigue considerando a la justicia como una “forma de lucha política” y por eso, contrapone su propia legitimidad institucional a la de las instituciones. Nos encontramos frente a un jefe del Ejecutivo que utiliza el poder legislativo para escaparse del poder judicial, abogando por la primacía del derecho “popular” sobre cualquier otro derecho. Por lo tanto, considera que su poder no debe conocer ni límites institucionales ni contrapesos políticos, ni importa su pasado siniestro. De esa manera, cree que puede gobernar como más le gusta, considerando el voto popular como un “cheque en blanco” para dirigir el Estado según los propios intereses, sin conocer el “ars gubernandi”. Como ya subrayamos en otras ocasiones, la democracia parlamentaria difiere de la plebiscitaria y exige respeto a la independencia y separación de poderes.
La decisión de los máximos magistrados debe ser interpretada como algo muy positivo sobre todo si recordamos que hace pocos días, los italianos llenaron sus calles con su grito de libertad y en contra de una situación anómala y cancerígena. Sin embargo, no hay que bajar la guardia: Berlusconi intentará perpetuarse en el poder, desafiando a la justicia y procurando dilatar sus procesos hasta que proscriban. Cierto es que el cavaliere ha descubierto que es un ciudadano cualquiera y, en cuanto tal, su acción no puede realizarse fuera del cauce legal. El camino es largo, pero Italia ya ha empezado a dar sus primeros pasos.