El Colegio de la Abogacía acusa a Garzón de escuchas "ilegales"

Baltasar Garzón dio luz verde a las escuchas de los tres principales implicados en la presunta trama -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez- a través de un auto, pero, en el periodo de vigencia de la orden, los tres acusados cambiaron de abogado, sin que hubiera un nuevo auto que los incluyera. Los letrados afectados pretenden presentar una querella contra Garzón en la que pedirán la nulidad de las actuaciones. Además, la Abogacía se ha posicionado este viernes: las escuchas se realizaron "fuera de la legalidad vigente".

El pasado 19 de febrero, Baltasar Garzón dictó un auto en el que ordenó las intervenciones de las comunicaciones orales y escritas de los tres principales implicados en el ‘caso Gürtel’, Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez, en una medida que se mantenía hasta el 20 de marzo y que incluía las entrevistas de éstos con sus letrados. En ese periodo, efectivamente, se produjeron escuchas, pero también los tres acusados cambiaron de abogado y el auto no se modificó. Por tanto, fueron escuchadas personas que no contempló Garzón aquel 19 de marzo.



Los defensores, que no sus clientes, plantean por tanto presentar una denuncia ante el Tribunal Supremo en las próximas fechas amparados en el artículo 536 del Código Penal: "La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años". La querella irá acompañada de una petición de nulidad de las actuaciones.

Además, este viernes se ha manifestado la Abogacía en la misma línea. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cree que la grabación de las comunicaciones privadas entre presuntos implicados del caso "Gürtel" y varios de sus abogados suponen un atentado contra el Estado de Derecho ya que fueron realizadas "sin apoyo legal", "fuera de la legalidad vigente".

El Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violación del secreto profesional" que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende que es "un gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho. Estos procedimientos -subrayan los abogados- están reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.

El Consejo entiende que las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo abogado tenía que haberlas autorizado el juez Baltasar Garzón en un auto, tal y como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con su primer letrado, implicado en la causa. Por ello, según el CGAE, la grabación de las comunicaciones han sido realizadas "fuera de la legalidad vigente" y deberían haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado.

De esta forma, según los abogados, no se tenían que haber incorporado en ningún caso las mismas al proceso, lo que supone un "vicio" que debe producir la nulidad del procesamiento. Por todo ello, el CGAE considera que estas prácticas "repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho".

La defensa del presunto 'cerebro' de la trama Gürtel, Francisco Correa, avanzó hace unos días que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la vía de recursos "la nulidad de las actuaciones" del proceso penal instruido por el juez Antonio Pedreira por las que considera "las escuchas ilegales" que se realizaron por orden del juez Baltasar Garzón en el locutorio de la cárcel de Soto del Real entre Correa y su letrado sin dictarse auto para su autorización.