CONTRA PATRONAL
Martes 26 de febrero de 2008
Mientras que unos pocos denuncian, con boca pequeña, que Chávez puede estar implicado en el atentado contra la sede de la Patronal -uno de los más poderosos apoyos de la oposición venezolana desde los comienzos del Régimen de Hugo Chávez-, el Gobierno trata de evitar la controversia.
El pasado domingo, un presunto miembro de la Policía Metropolitana murió como consecuencia de la onda expansiva de un artefacto explosivo que había colocado en la sede de la Patronal venezolana. El diputado oficialista Reinaldo García ha asegurado que Héctor Serrano, que así se llamaba el artífice de su propio asesinato, era miembro de las “redes de inteligencia social”, creadas por el Gobierno de Chávez para controlar la gestión pública.
El Régimen chavista, que evita mencionar el hallazgo de panfletos progubernamentales y contrarios al gremio empresarial, mantiene que conoce cuáles fueron los autores materiales e intelectuales del atentado y que el autor del ataque no pertenecía a la Policía Metropolitana a pesar de portar un carné que lo identificaba como tal. En este sentido, el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín aseguró que los responsables eran "el Movimiento 13 de Marzo y Bandera Roja, grupos que antes eran de ultra izquierda y que ahora se cambiaron a la derecha oligarca bajo el subsidio de la CIA [Agencia Central de Inteligencia de EE.UU]”.
En cuanto a la pertenencia a la Policía Metropolitana estatal del presunto autor del ataque contra el único grupo no político que aún opone resistencia al Régimen de Chávez, el ministro de Interior trató de eximir al Estado de responsabilidad al señalar que el carné que portaba el fallecido autor de los hechos “era de cuando ese cuerpo dependía de la Alcaldía Mayor de Caracas y no del Ministerio del Interior”, culpando así al Ayuntamiento de la capital venezolana.
La oposición, que encuentra extrañas las condiciones en que se produjo el cuarto de una oleada de atentados en el país, exige al Gobierno respuestas y un plan de seguridad capaz de detener la violencia. Mientras que el vicepresidente del opositor partido social cristiano Copei, Juan Carlos Solórzano, aseguraba que “el Gobierno ofrece terrorismo en vez de seguridad”; el secretario general del mayor partido de la oposición, Gerardo Blyde, pedía que "se aplique la ley a los autores" del hecho, con independencia de que sean o no simpatizantes del presidente Hugo Chávez, y Julio Borges, dirigente de Primero Justicia, el segundo partido más grande de la oposición, aventuró que el Gobierno podría estar detrás del atentado.
Desde el fracasado golpe de Estado tras el cual Chávez pudo ser restaurado por el apoyo popular y militar hace casi siete años, el Gobierno venezolano ha acusado al gremio en numerosas ocasiones de emprender acciones desestabilizadoras contra el país (huelgas petroleras de 2002 y 2003), así como responsabilizado de la crisis de abastecimiento alimentario. A pesar del histórico contencioso, en los últimos meses, el enfrentamiento con el sector empresarial privado se ha recrudecido.
Además del ataque mencionado, se han perpetrado otros tres atentados este mes: una bomba contra un edificio administrativo de la Asamblea Nacional, otra contra la Nunciatura Apostólica y otra en la estatua del líder independentista estadounidense George Washington, que, según Chávez, se tratan de hechos aislados.
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