Miércoles 28 de octubre de 2009
La detención del alcalde de Santa Coloma de Gramanet y de dos de los hombres más importantes de la era Pujol, Luis Prenafeta y Maciá Alavedra, no es sino un ejemplo más de que la corrupción es un mal tan execrable como extendido. No entiende de siglas ni de localismos, sino que brota allí donde hay alguien dispuesto a hacer lo que no debe. Ocurre que, en esta ocasión, los detenidos son miembros del PSC y de CIU, los dos partidos más importantes de Cataluña. Quizá por eso no se ha visto desfilar a los presuntos corruptos esposados y expuestos a los medios de comunicación, y toda la operación ha transcurrido con un aterciopelado tacto judicial (no en vano era Garzón quien instruía).
La premura de los socialistas al anunciar que exigirán responsabilidades en forma de cese de militancia y entrega de actas municipales le honra. Esa misma premura es la que se le debe exigir a cualquier formación política que se vea en la tesitura de tener que apartar manzanas podridas del cesto; no haciéndolo se corre el peligro de extender a los ojos de la opinión pública una lacra que se elimina mejor cuanto antes se cercene. No puede decirse lo mismo de CIU quien, como buen partido nacionalista que es, consideraba y considera el poder en su terruño como algo propio. En base a ello, cualquier tipo de comportamiento, más o menos lícito, quedaba amparado bajo sus siglas. Casos particulares aparte, lo cierto y verdad es que la corrupción afecta a todos por igual, y viendo la actual coyuntura, llama la atención que los socialistas lleven tanto tiempo rasgándose las vestiduras por comportamientos ajenos, cuando tenían algo parecido en su propia casa. Ahora les toca a ellos apechugar.
Pero mal de muchos… poco consuela al ciudadano independiente y contribuyente. La pregunta es qué ocurre en el sistema de las administraciones locales españolas para que se den tales oportunidades de corrupción: casi todas en relación con asuntos relacionados con el urbanismo y la recalificación de terrenos, que es una de las maneras –significativamente la más opaca- que tienen de financiarse los ayuntamientos españoles.
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