Jueves 29 de octubre de 2009
A la ministra de Defensa, Carmen Chacón, se le ha ocurrido la brillante idea de sufragar la cuarta parte del lo que cueste dotar de seguridad privada a los atuneros vascos que faenen en el Indico. Otro tanto correrá a cargo del gobierno vasco, y el resto tendrán que pagarlo los armadores de su bolsillo. Todo, con tal de evitar que el ejército cumpla con su obligación, cual es la hacer uso de la fuerza cuando las circunstancias así lo requieren. No en vano, son las fuerzas armadas quienes ostentan el monopolio de la violencia legítima, aunque a la ministra le cueste entenderlo. Mientras, los tripulantes del “Alakrana” siguen retenidos por unos piratas que se crecen cada día que pasa, sabedores de que el Gobierno español es mucho más proclive a negociaciones con delincuentes y pagos de rescates que a acciones contundentes en pro de sus nacionales. A todo ello se suma la decisión de los armadores de los tres pesqueros detenidos en Guinea Bissau, quienes han decidido abonar la cuantiosa -y leonina- multa que les habían impuesto las autoridades locales ante los nulos resultados de la vía diplomática.
Así las cosas, no puede decirse que las familias de los marineros españoles que cada día se ganan su sustento por las aguas de medio mundo puedan estar tranquilas. En absoluto. La realidad demuestra la inoperancia de los dos titulares de Defensa y Exteriores, la una intentando transformar al Ejército en una ONG, y el otro demasiado ocupado en pregonar las bondades de la dictadura castrista como para dedicarse a lo que realmente importa. Chacón y Moratinos deberían prestar algo más atención a las labores propias de sus respectivos negociados en lugar de perder el tiempo en no se sabe muy bien qué. El Gobierno ha de velar por los intereses de sus nacionales allí donde se encuentren y, a la vista de los actuales acontecimientos, ni está ni se le espera.
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