La Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Cáritas y la Red Acoge han expresado su preocupación
ante la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el Congreso
porque, aseguran, incluye importantes restricciones que afectarán
gravemente a las personas inmigrantes que viven en España.
A través de un comunicado, estas tres ONG han llamado la atención
especialmente sobre la restricción, "de manera injusta", a la
reagrupación familiar de los ascendientes de la persona inmigrante,
lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social.
Asimismo, han criticado la obligatoriedad de iniciar un
expediente sancionador a las inmigrantes en situación administrativa
irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de
género, lo que, a su entender "objetivamente desincentivará estas
denuncias".
Estas ONG han subrayado negativamente también el aumento de las
sanciones a quienes faciliten el empadronamiento de personas
extranjeras en situación irregular y han lamentado que se mantenga
el incremento del período máximo de internamiento para los ilegales
de 40 a 60 días.
CEAR, Cáritas y Red Acoge han señalado que en las próximas
semanas proseguirán su interlocución con los grupos políticos con
representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma
de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las
personas inmigrantes.
Por su parte, Amnistía
Internacional (AI) dice que la norma está centrada en la seguridad nacional y
en el rendimiento económico en vez de garantizar el respeto al
acceso y a la protección de los derechos humanos, según .
La responsable de Política Interior y Derechos Humanos de AI,
Virginia Álvarez, ha afirmado a EFE que el texto aprobado tiene "más
sombras que luces".
Entre los temas que "más preocupan" a AI se encuentra el que se
siga utilizando la inscripción en el padrón municipal como medio de
control migratorio, cuando es un requisito indispensable para
acceder a la sanidad y a la educación.
Álvarez ha explicado que la ley mantiene el que el Ministerio del
Interior pueda acceder a dicho padrón sin previo aviso a los
interesados, por lo que muchas personas que no tengan su situación
legal en España pierden el acceso a esos derechos básicos.
Además, ha criticado el que se haya incrementado el plazo de
internamiento de 40 a 60 días y, sobre todo que aquellas personas
que solicitan asilo o un 'habeas corpus' puedan ver incrementado
este plazo hasta 12 días más.
"El internamiento debería ser el último recurso, deben utilizarse
otras medidas cautelares y debe excluirse la posibilidad de un
internamiento" porque "nunca el ejercicio de un derecho puede tener
una consecuencia negativa", ha argumentado.
Tampoco es una ley que arbitra ningún mecanismo para poder pedir
protección internacional, según Álvarez, que ha puesto el ejemplo de
los polizones y menores no acompañados. En la ley se dice que se
pondrán en contacto con las autoridades de su país, cuando "lo
primero que se debe garantizar a un solicitante de asilo es que no
se ponga en contacto con dichas autoridades", ha explicado.
Otro tema negativo de la ley para AI es el relativo a violencia
de género porque, a pesar de mejoras como el artículo específico
para las víctimas de trata, "la esclavitud del siglo XXI", Álvarez
ha lamentado "profundamente" el que el miedo a la expulsión del país
pueda suponer que muchas víctimas de género estén reticentes a
acercarse a una comisaría.
"No se debe supeditar la protección de los derechos humanos de
estas mujeres a su situación administrativa", ha añadido.