Martes 03 de noviembre de 2009
En estos días, la policía italiana ha detenido a los hermanos Russo, que dirigían a uno de los más importantes clanes de la Camorra, controlando las actividades ilegales en el área de Nola, en las faldas del Vesubio. Días antes, la difusión de un vídeo de un asesinato de Camorra -un ajuste de cuentas en plena calle y a la luz del día- generó estupor e indignación. Pese a representar un duro golpe a la Camorra, las últimas detenciones confirman que la situación sigue siendo crítica y merece una atención especial. Las detenciones son el fruto de investigaciones que la policía italiana realiza tenazmente en un contexto de gran dificultad y que podría verse complicado en caso de que prospere la ley que el Gobierno Berlusconi prepara para limitar las escuchas telefónicas. Además, el recorte presupuestario decidido por el Ejecutivo para las fuerzas del orden dificulta aún más a una situación ya extremamente delicada.
Preocupa el silencio y el desinterés general del mundo político y, muchas veces, de la prensa sobre el tema. En cualquier país del mundo, una situación análoga representaría la primera preocupación del Gobierno. Eso no pasa en Italia donde la lucha a la criminalidad organizada está ausente de cualquier debate político, salvo frente a nuevas y fuertes evidencias como el video o para comentar alguna llamativa detención. En la actualidad, Nápoles, la Campania y el Sur de Italia representan unos territorios en persistente guerra, donde brilla la ausencia del Estado en medio de la alergia ciudadana a la legalidad. En las últimas décadas, la cultura de la ley, el respecto de las reglas y la confianza en el Estado han sido substituidas por la imagen que los clanes ofrecen a la gente: un futuro de oro y oportunidades heroicas dentro del mundo del crimen. Por eso, el Estado debe preocuparse por ofrecer una imagen diferente, luchar contra la fascinación que las Mafias ejercen y mostrarse como una alternativa creíble y eficaz. La solución ofrecida esporádicamente por los políticos no puede limitarse a una estrategia militar para intervenir: ya hemos subrayado, la necesidad de un “saneamiento urbanístico-social” de las zonas afectadas, unas acciones sociales para los sectores más marginados.
De momento, los napolitanos viven esta realidad y cotidianeidad entre la indiferencia y el miedo a posibles futuras represalias, en una “tranquila indiferencia o asustada normalidad”. La gente demuestra miedo y desconfianza en las autoridades, incapaces de tutelarlas y protegerlas. Frente a la impotencia estatal (manifiesta) y la negligencia administrativa (notoria), gran parte de la población vive con resignada fatalidad, acostumbrada a considerar a la Camorra como parte de su vida diaria y, al mismo tiempo, como un cáncer irreductible. Por eso, el Estado debe asumir su responsabilidad, teniendo en cuenta que la indiferencia es el otro lado de la cara del miedo. Su ausencia resulta lamentable ya que en una democracia, no se puede permitir que una organización criminal se ocupe de la economía local y de la gestión de la res publica. Por una vez, a la atención mediática que ha despertado el vídeo debe corresponder un atento debate político, un análisis sobre los mecanismos que hacen que más de un tercio del país sea rehén de las organizaciones criminales.
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