La UE permitirá cortar Internet sin orden judicial previa

La UE ha aprobado este jueves que los Estados miembros puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor.

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un principio de acuerdo sobre la integralidad del Paquete Telecom, que tiene como objetivo la liberalización del sector de las telecomunicaciones y la mejora significativa de los derechos de los usuarios, así como la creación de un organismo europeo de cooperación de los reguladores nacionales.

En esta última fase de la negociación quedaban pendientes las condiciones bajo las que se podría restringir el acceso a Internet. El Parlamento Europeo adoptó en segunda lectura una enmienda en la que se establecía que el acceso a Internet sólo podía ser restringido con una orden judicial. Este tema, cuyo contenido no estaba contemplado en la propuesta original de la Comisión y que el Consejo rechazó de pleno, abrió el proceso de Conciliación.

Según los servicios jurídicos de las tres instituciones, la formulación original de la enmienda iba más allá de las competencias otorgadas a las instituciones comunitarias por los Tratados, teniendo en cuenta que la base jurídica del paquete es el Art. 95 (mercado interior) y su adopción requeriría una armonización de los sistemas judiciales de los Estados Miembros. Bajo estas circunstancias, la enmienda perdía cualquier poder de protección de los derechos de los usuarios ya que la disposición, aún siendo aprobada por ambos legisladores, no sería admisible por el Tribunal de Luxemburgo.

Cambio de estrategia
Teniendo en cuenta esta opinión formal del servicio jurídico, la delegación del Parlamento cambió su estrategia de negociación para intentar lograr la máxima protección posible de los derechos de los usuarios, en línea con la enmienda original, pero formulada de manera que se ajuste a los límites marcados por los Tratados.

En este sentido identificó los siguientes puntos prioritarios para el Parlamento: establecer que el acceso a Internet es un derecho fundamental y, como tal, cualquier medida de los Estados Miembros, así como la implementación de estas medidas por otros órganos, que limite su acceso debe regirse por los principios establecidos en la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y que cualquier decisión de cortar el acceso debe ser el resultado de un procedimiento imparcial previo donde se respete el principio de presunción de inocencia y el derecho a ser escuchado así como el derecho a la privacidad de los usuarios.

Libertades fundamentales de los ciudadanos
El texto acordado recoge todas las exigencias del Parlamento y el vicepresidente encargado de presidir esta conciliación, Alejo Vidal-Quadras, expresó su satisfacción al respecto: "Las negociaciones han sido muy duras ya que estamos tratando de un tema muy sensible, las libertades fundamentales de los ciudadanos. Creo que, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por los Tratados y las reticencias del Consejo, la delegación del Parlamento ha logrado con este texto cumplir sus objetivos. Es un primer gran paso adelante en los derechos de los internautas proque inicialmente las otras instituciones no querían ni hablar del tema, y ha sido la determinación del Parlamento la que ha forzado que se debatieran los límites que Gobiernos y operadores tienen que respetar a la hora de restringir el acceso a Internet. Se trata de un gran triunfo del Parlamento como garante de los derechos y libertades de los europeos."