“Alakrana”: las consecuencias de remunerar la violencia

La reunión mantenida ayer tarde por José Luis Rodríguez Zapatero con los familiares de los tripulantes del pesquero "Alakrana" llega mal y tarde. Mal, porque ahora le corresponde actuar al Judicial en una faceta en la que el Ejecutivo no debe inmiscuirse; y tarde, porque se ha llegado a esta situación debido sobre todo a la tremenda indefinición del Gobierno durante las primeras horas del secuestro. Si la situación de las familias de los marineros ya era de por sí angustiosa, desde ayer debió de tornarse desesperada, ya que la entrevista con Zapatero venía precedida por otra con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quien les expuso las perspectivas legales de los dos piratas detenidos en España.

Como es lógico, la opinión de la judicatura en este caso no puede ser otra que la emanada del principio de legalidad, columna fundamental del Estado de Derecho. Y dicho principio basa su eficacia en su absoluta inflexibilidad, en el sentido de que ningún poder del Estado puede crujir las cuadernas del marco legislativo para adecuar una situación anómala en reversible jurídicamente. Dura lex, sed lex. Dicho de otro modo, no puede arreglarse judicialmente lo que se ha estropeado políticamente. La solución de un tratado de extradición Express no se sostiene, toda vez que dicho tratado requiere un procedimiento en el que han de ponerse de acuerdo dos gobiernos -y que se sepa, en Somalia no hay nada parecido-, tramitarse parlamentariamente y contar con Europa a la hora de validarlo. Desde luego, no es cosa de tres semanas.

Si bien la responsabilidad última es del presidente del Gobierno, conviene señalar a dos personas cuya opinión en toda esta crisis ha sido decisiva: Miguel Angel Moratinos, cuya calamitosa gestión al frente de Exteriores no hacía presagiar nada bueno, y Carmen Chacón, quien opina que el Ejército es una especie de ONG y, al inicio de las actividades piratas, pretendía enviar dos aviones de vigilancia y nada más. La presión internacional la forzó a enviar buques de guerra españoles, pero con una limitación drástica en las condiciones del uso de la fuerza. El resultado salta a la vista: los piratas saben que sale barato secuestrar navíos españoles. Estamos recogiendo la mala cosecha de renunciar a una protección militar disuasoria adecuada y, sobre todo, a la reticencia a usar la fuerza, con decisión y contundencia, para penalizar la violencia, en este caso, contra la piratería. Remunerar la violencia no es gratis. Tiene sus consecuencias. Y si, a mayor abundancia, se trafica con la legalidad, las consecuencias, más pronto que tarde, serán letales dentro y fuera de España. No se pueden hacer peor las cosas.