Sábado 14 de noviembre de 2009
Hay una máxima que se enseña en todas las facultades de Derecho: nunca es bueno legislar en caliente. El poder legislativo debe prever los supuestos en los que, bien porque la regulación en una materia concreta haya quedado obsoleta, sea insuficiente o directamente no exista, se haga necesario acometer una reforma legal. Esa puede ser la razón de la reforma del Código Penal aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, o al menos de parte de ella. Nos referimos a la que hace referencia a los delitos de corrupción, cuyo incremento en los últimos tiempos ha sido más que notable. En este sentido, es plenamente justificable la intención del Gobierno a la hora de endurecer las penas por ciertos ilícitos, o redefinir figuras como la del cohecho impropio -los regalos que reciben los políticos, como los famosos trajes de Camps-.
También lo es el retoque que se va a hacer en el apartado de delitos sexuales y protección de menores, asuntos ambos que suscitan siempre una gran alarma social, generalmente con toda la razón. Pero lo que es de un oportunismo rayano en la chapuza es la inclusión de un nuevo ilícito penal, el de piratería. ¿Qué pasa, que los piratas nunca habían existido hasta ahora? Igual que a gran parte de la izquierda europea se le cayó encima el Muro de Berlín, al ejecutivo del señor Zapatero le ha abordado el caso “Alakrana” cual bucanero a galeón español, y está tan perdido como rebasado. Más ahora que la Audiencia Nacional le ha dejado en evidencia, toda vez que se ha conocido que fue el Gobierno -María Teresa Fernández de la Vega concretamente- quien tuvo la ocurrencia de traer a los piratas somalíes a España. Apropiación indebida, secuestro o amenazas son sólo algunos de los comportamientos subsumibles a los comportamientos de dichos piratas; o lo que es lo mismo, el ordenamiento jurídico español es lo suficientemente capaz de juzgarles con la legislación existente. La razón última hay que buscarla en la política de parche y foto a golpe de improvisación que tanto gusta al señor Zapatero. Quizá debería entender de una vez por todas que legislar es algo demasiado serio como para tomárselo tan a la ligera. Ayudaría también que el titular de Justicia fuese alguien de peso, cuya solvencia profesional e independencia política despertase el respeto general.