Polémica sobre el Tribunal Constitucional

Este jueves Joan Saura, consejero de la Generalitat de Cataluña, mencionó que en su opinión el Tribunal Constitucional está deslegitimado, y por tanto todos deberían dimitir y así renovar el Tribunal. Para Saura, el Constitucional ha sido influido políticamente y no ha demostrado su capacidad en el caso de la sentencia de Estatuto de Cataluña. Hasta ahí, sus afirmaciones no carecen de base. Sin embargo, el Consejero ha señalado, asimismo, que un pronunciamiento contrario al Estatuto seria perjudicial para la comunidad catalana y, que de hacerlo, sería conveniente pensar en una reforma constitucional, lo cual es muy problemático. Y esas afirmaciones son ya más que discutibles, enmarcándose en una cadena de variopintos pronunciamientos que, de un tiempo a esta parte, vienen cuestionando el estado de derecho y animando a no acatar leyes y tribunales. Hay pocas cosas más desafortunadas y peligrosas.

Las declaraciones de Joan Saura han generado reacciones de diversa índole. Por su parte Artur Mas, presidente de CiU, criticó que después de tres años el Tribunal Constitucional no haya emitido una sentencia y urgió hacerlo para de esta forma acabar con la incertidumbre, aunque espera que sea favorable al Estatuto.

Mientras que el Partido Popular ha solicitado al presidente de la Generalitat José Montilla que desautorice a Saura, y el PSC mencionó que discrepaba de la opinión del consejero, Ezquerra Republicana de Catalunya apoyó lo dicho por Saura.

Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha demorado de manera más que excesiva la sentencia sobre el estatuto de Cataluña, demostrando una ineficiencia fuera de toda proporción. Pero, por otra parte, es fundamental que haya claridad en la división de poderes, y respeto por parte de los partidos y fuerzas políticas al poder judicial, les convengan o no sus decisiones. En una democracia es indispensable el equilibrio de poderes y el respeto entre las diferentes instancias, libres de influencias externas. El TC debe pronunciarse ya, y las partes deberán acatar su decisión.