María Cano | Domingo 22 de noviembre de 2009
Es una mujer seria y respetada, la mano derecha del presidente del Gobierno, uno de los pilares del Ejecutivo. En las ruedas de prensa y en cada intervención pública, se muestra segura de sí misma y firme en sus declaraciones. Pero esas virtudes se han desbaratado este domingo. De la Vega ha mentido. Ha mentido de una forma convincente y astuta, de una forma verosímil, pero ha mentido y, ahora, todos lo sabemos.
La vicepresidenta del Gobierno se empadronó en Beneixida (Valencia), y cuando el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, calificó dicho empadronamiento de “irregular” en diversos medios de comunicación, De la Vega no dudó en acudir a la Justicia por considerar un ataque a su honor dichas manifestaciones.
Pero dos años después, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su demanda y “reconoce que ese empadronamiento fue irregular”. Ya lo hizo también en su momento el Juzgado de Primera Instancia Número 63 de Madrid, pero la socialista no se rindió y optó por recurrir. Y no acaba ahí el culebrón, tras conocer el fallo judicial, De la Vega no ha dudado en asegurar que recurrirá al Supremo y que llegará “hasta el final”.
Vamos a ver. La Ley dice de forma muy clara que donde uno debe empadronarse es “donde reside habitualmente o se pase más tiempo al año”. ¿Qué es lo que pretende recurrir? ¿Cómo piensa, con dos fallos en su contra a las espaldas, demostrar que pasa allí la mayor parte del año si todos sabemos dónde está prácticamente a diario? ¿Por qué le cuesta tanto admitir que, simplemente, no es cierto? Porque que la vicepresidenta del Gobierno mienta de una forma tan descarada, se ponga las leyes por montera y, además, se empeñe en defender y justificar su actuación es, simplemente, imperdonable.
No se trata de un asunto de Estado ni de gran trascendencia para el país pero, ¿quién no se ha preguntado en qué más cosas nos habrá mentido la responsable, seria, convincente y segura de sí misma María Teresa?
Una vicepresidenta del Gobierno que ha sido capaz de faltar a la verdad de una forma tan evidente, de sostener esa mentira durante más de dos años, de disimular, de actuar, de permitir que quien le acusaba de hacerlo fuera insultado e, incluso, demandado por ella misma, que es quien ha actuado al margen de la ley, anula toda credibilidad y confianza que atesorara hasta el momento.
El “modus operandi” apesta y nos parecería igual de imperdonable si de un vecino se tratara, pero a un vecino no le confiamos la gestión de nuestros grandes asuntos, de nuestro día a día y de nuestro futuro. Por ello, la vicepresidenta debería ser honrada, admitir su error, pedir disculpas y dimitir.
¿Con qué fuerza moral va a seguir desempeñando sus funciones y a convencernos de que dejemos este país maltrecho en sus manos y en las de su Gobierno? ¿Cómo podremos fiarnos y estar tranquilos cuando nos vuelva a soltar un discurso serio y convincente de los suyos? ¿Cómo evitaremos pensar en la posibilidad de que quizá nos esté mintiendo de nuevo?
Los errores se pagan, todos lo hacemos en distintos ámbitos de la vida. En un puesto como el suyo, con mayor motivo. No queremos que nos mientan ni que nos hagan cumplir unas leyes que parecen estar hechas sólo para los de siempre, para los que no somos políticos, ni millonarios, ni estrellas del pop, es decir, para la gente corriente. Cumplimos la ley, pagamos elevados impuestos y elegimos a nuestros gobernantes. Y queremos que ellos sean los primeros es cumplirla. Por lo tanto, acepte su derrota y márchese, señora De la Vega.
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