Un ex dictador juzgado en un estadio deportivo

Un ex dictador militar latinoamericano juzgado por violaciones a los derechos humanos en un estadio deportivo, es algo que ha generado algún interés en observadores europeos.

Ello tiene lugar en la Argentina, donde el hecho, si bien público, ha pasado desapercibido para la amplia mayoría de la opinión pública.

No se le ha prestado atención, primero, porque la opinión pública enfrenta otras prioridades, como la creciente inseguridad pública, las perturbaciones que genera la protesta social en las calles, el aumento del desempleo y la pobreza que las estadísticas oficiales se niegan a reconocer, el conflicto del Gobierno con los medios de comunicación y un fuerte ejercicio del poder por parte del ex Presidente Kirchner como líder del oficialismo, quien pese a la dura derrota electoral del 28 de junio en la elección legislativa, ha logrado mantener bajo un férreo control el Congreso hasta que asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.

En segundo lugar, estos juicios ya no son novedad.

Lo fueron un cuarto de siglo atrás cuando, a menos de una década de las violaciones a los derechos humanos, se realizó en la primera fase del gobierno de Raúl Alfonsín, el enjuiciamiento a las ex Juntas Militares que condujeron el último gobierno de facto, Estos juicios se están repitiendo un cuarto de siglo más tarde y los acusados son los mismos, con la diferencia de que la mayoría de ellos, incluso el ex presidente de facto enjuiciado Reynaldo Bignone, tiene hoy más de setenta años y por esta razón, de acuerdo a la legislación argentina, le corresponde la detención domiciliaria, lo que no siempre se cumple.

Más allá de la discusión jurídica de si alguien puede ser juzgado dos veces por la misma causa o la legalidad de la anulación de los indultos por los cuales el Presidente Menem los dejó en libertad, el tema no genera el mismo interés que en el pasado y ello resulta lógico.

Incluso para las propias Fuerzas Armadas el hecho no tiene la misma repercusión que en el pasado. Los juicios en el gobierno militar generaron reacciones e incluso motines de oficiales y suboficiales jóvenes, los que habían participado en la llamada guerra sucia. Ha pasado un cuarto de siglo y aproximadamente el 97% de los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas lo estaban entonces. De los aproximadamente 500 militares y policías procesados hoy por las violaciones a los derechos humanos en los años setenta, no llegan al 6% de ellos quienes están ahora en actividad y eran muy jóvenes al momento de los hechos que son hoy juzgados.

Hoy el problema es que los hijos de militares están siendo marginados de los ascensos por el sólo hecho de serlo. Se trata de una decisión inconstitucional, que más tarde o más temprano la justicia revertirá, dado que no puede ser excluido de un derecho legítimo alguien por el sólo hecho de ser hijo de alguien.

Por último, Bignone fue el último de los cuatro presidentes de facto del gobierno militar que finalizó en 1983. Si bien no es juzgado por hechos registrados durante su Presidencia, sino por los que tuvieron años antes cuando se desempeñaba como General en actividad, para los pocos de la opinión publica que recuerdan su gestión como Presidente, en ella no tuvieron lugar violaciones a los derechos humanos y se concretó la democratización, siendo quien entregó el poder a Alfonsín.

Han sido vueltos a enjuiciar militares retirados que, en su mayoría, tienen más de setenta años y en algunos casos superan los ochenta. En el otro extremo, de los pocos en actividad que están siendo enjuiciados, ninguno de ellos superaba los veintitrés años al momento de los hechos, con lo cual claramente cumplían órdenes superiores.

En cuanto al lugar elegido -un estadio deportivo- ha sido una decisión de la Cámara que juzga los hechos, dado que en su sala de audiencias no había lugar para que muchas personas pudieran seguir las alternativas del este juicio que es público y oral.

Varios juicios similares se realizarán en las próximas semanas, pero por las razones mencionadas, no concitan la atención de la opinión pública y cabe plantearse la cuestión de si resulta razonable esta reapertura de juicios por hechos que ya fueron juzgados y tuvieron lugar hace tres décadas.