Opinión

I Congreso de UPyD

David Ortega Gutiérrez | Martes 24 de noviembre de 2009
Del 20 al 22 de noviembre se ha celebrado en Madrid el Primer Congreso de Unión, Progreso y Democracia para renovar sus cargos de dirección -sigue contando con Rosa Díez como su principal líder con un respaldo obtenido de más del 80%, libremente han votado todos los afiliados, siendo la primera vez que sucede esto en nuestra reciente democracia- y desarrollar su programa político. Con mucho trabajo y pocos medios, paulatinamente UPyD está consiguiendo abrirse hueco en el muy desilusionante panorama político español. Desde la perspectiva institucional estas son las principales ideas que UPyD propone:

1. Mantener los valores y principios de la Constitución de 1978, pero buscando reformar algunos puntos para lograr:

2.
• un Estado más democrático en su funcionamiento, especialmente en su ley electoral y en la separación de poderes, proponiendo procedimientos que profundicen en la despolitización de instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional -pasamos de 12 a 15, mejor número impar, los 3 nuevos magistrados elegidos por el CGPJ-, el Consejo General del Poder Judicial -rebajar la influencia de la elección por políticos y reforzar la independencia aumentando la presencia de los jueces e introduciendo la participación de secretarios judiciales, fiscales y abogados- o el Fiscal General del Estado -que se elegiría de manera similar al defensor del pueblo, entre una terna propuesta por los fiscales en activo-;
• un Estado más fuerte y eficaz para afrontar con rigor y seriedad los problemas reales de los españoles y, sobre todo,
• un Estado que garantice una mayor igualdad y libertad a nuestros ciudadanos, independientemente del territorio en el que vivan.

2. Reformar la Constitución para cerrar definitivamente la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas y velar para que determinadas materias -que consideramos son esenciales y fundamentales- estén en manos del Estado como la educación, la sanidad, la administración de justicia o los recursos naturales como, por ejemplo, el agua. En este punto hay que avanzar hacia un Estado federal, esto nos puede ayudar a lograr la necesaria unidad de la diversidad y evitar así, con un esquema claro y contrastado, la actual indefinición e ineficacia del presente Estado de las Autonomías con claros tintes confederales como el que trasluce el actual Estatuto de Cataluña y el desafortunadísimo efecto domino que está produciendo en el resto de reformas estatutarias de la denominada tercera generación.

3. No podemos seguir con la presente Ley Electoral, el propio Consejo de Estado ha declarado la manifiesta desigualdad que crea tanto en el sufragio electoral pasivo, entre los candidatos, como en el sufragio electoral activo, el propio ciudadano, dañándose un derecho fundamental como es la igualdad en el sufragio artículo 23 y 68 de la CE. Por ello proponemos aumentar los diputados de 350 a 400, buscar una fórmula electoral más proporcional que la D´Hondt, rebajar la representación mínima inicial a 1 diputado, aumentar el tamaño de la circunscripción y algo novedoso y muy importante para nosotros, trabajar para encontrar la fórmula de que aquellas personas que puedan acreditar suficientemente su cambio de residencia por motivos de terrorismo, puedan votar en su municipio de origen.

4. No se ha marginado una cuestión vital que afecta a muchos españoles, la parálisis de nuestra actual administración de justicia. La justicia es uno de los pilares de cualquier Estado democrático y de Derecho, por ello hemos propuesto bastantes medidas de ámbito material, personal, organizativo, procesal y social, destacando, entre muchas propuestas: la necesaria informatización de los juzgados, pero desde la unidad y coordinación, tanto entre las comunidades autónomas como entre los órganos afectados: jueces, fiscales, cuerpos de seguridad del Estado, etc.; unos jueces más especializados y actualizados en su formación, trabajar para reducir los altísimos niveles de litigiosidad en España, desarrollar una eficaz Oficina Judicial, potenciar los mecanismos de mediación y arbitraje, etc.

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