Políticos, periodistas y jueces, en contra del editorial conjunto en Cataluña

Las reacciones al editorial conjunto de 12 diarios catalanes a favor del Estatut y criticando el retraso en la sentencia sobre la constitucionalidad o no de algunas parte del mismo ha provocado duras críticas no sólo a los periódicos sino también al presidente del Gobierno, que algunos consideran el responsable de una polémica que se veía venir.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho que le produce "inquietud" la iniciativa de doce diarios catalanes de publicar un editorial conjunto en defensa del Estatuto, y ha echado de menos "algo más de pluralidad" porque "tanta unanimidad" es "extraña" y "sospechosa".

"Es muy importante que no planteemos este conflicto como un conflicto político. Es un conflicto jurídico. No es Cataluña que se enfrenta a España, es el estatuto aprobado que se enfrenta a la Constitución, pasa por un juicio de constitucionalidad", ha manifestado. El portavoz del PP ha añadido que, después de haber leído muchos editoriales en estos mismos diarios en los que se pedía a los políticos que no presionaran al TC, ahora no pueden "presionar" con un editorial al Alto Tribunal.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha criticado que Cataluña intenta utilizar el Estatuto de autonomía para "buscar más autogobierno, más independencia y más separación del Estado" e igualarse de esta manera con el Gobierno de España, lo que no está recogido en la Constitución española.

A juicio de Sanz, lo que está ocurriendo actualmente con el Estatuto de Cataluña y el Tribunal Constitucional es "consecuencia de la decisión unilateral que tomó en su día Rodríguez Zapatero", que rompió el "gran pacto entre el PP y el PSOE" en lo relativo a la reforma de los Estatutos de las autonomías. "Lo que ahora se está provocando es una ruptura y una situación que puede plantear una discriminación entre ciudadanos que vivan en distintos territorios", ha asegurado.

Sanz ha dicho que le preocupa la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, ya que "si es positiva vendrá una cascada de peticiones de comunidades para reformar sus estatutos y que no exista discriminación", y si es negativa habrá "enfrentamiento y presión".

El presidente de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Albert Rivera, ha calificado de "inaceptable" la presión que los doce diarios catalanes han hecho al Tribunal Constitucional. Rivera ha señalado, en declaraciones a EFE, que la Generalitat y Convergencia i Unió se han aprovechado de los periódicos, que "ellos mismos subvencionan", para presionar al Tribunal Constitucional y "romper con la dignidad de Cataluña".

Al presidente de la Generalitat, José Montilla, le ha pedido "silencio y respeto", ya que, a su juicio, "presionar a la justicia es un mal ejemplo que no se corresponde con la decencia de Cataluña".

"A la ciudadanía no le importa el Estatut", ha afirmado Rivera, quien ha recordado que la participación en el referéndum sobre el Estatut "no movilizó ni a la mitad de la población catalana" (48%), en la que un 36% votó a favor.

Antonio García, portavoz de la APM, ha explicado en el programa “En casa del Herrero” de esRadio que el editorial es "amenazante" contra la decisión del Constitucional sobre el Estatuto.

García cree que supone una "presión al tribunal que tiene, constitucionalmente, la última palabra sobre las garantías constitucionales, una de las terminales más trascendentes del funcionamiento del Estado".

El portavoz de la APM ha considerado que "una cosa es informar y opinar" y otra muy distinta el "discurso conminatorio y el tono velado amenazante contra la decisión del tribunal. En definitiva están diciendo: o hacen lo que nosotros decimos o aténganse a las consecuencias. Si el TC entiende que el Estatuto no se compadece con el texto constitucional está menoscabando la dignidad del pueblo catalán. Esto es lo que dice el editorial. No es libertad de opinión, hay una amenaza velada y el que no lo vea así es que está ciego", ha dicho Antonio García.

El periódico “El Mundo” también ha dedicado parte de la opinión a este tema. Aunque ha alegado que este viernes contestará como es debido a la polémica, ha sentenciado que “es imposible acumular más falacias en menos espacio”.

Además, el diario ha negado algunas tesis del editorial y ha dicho que “el TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución. Por cierto, muchos más que los que respaldaron el Estatut”.

“El Mundo “ acusa de “hipócritas” a los autores del editorial, cuando aluden a que “está en juego el espíritu que hizo posible la pacífica transición”, cuando, según el diario, “lo cierto es que han sido los promotores del Estatut, dejando al margen a la media España representada por el PP, los que quebraron ese consenso”.

Por último, el diario de Pedro J. Ramírez achaca lo ocurrido a “la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatut diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática”.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha querido pronunciarse sobre el contenido del editorial conjunto de la prensa catalana en defensa del Estatut, pero ha remarcado que el origen de este debate estriba en la "irresponsabilidad" de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hay que tener muy presente su origen, que es la irresponsabilidad con la que Zapatero abre este debate", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso. Según Sáenz de Santamaría, el jefe del Ejecutivo se comprometió "a algo a lo que no debería haberse comprometido nunca, de manera que puso "en el punto de mira" un problema "que debiera haberse solucionado de otro modo, con gran consenso". Por ello, sostiene la portavoz que Rodríguez Zapatero "es el principal responsable y es quien debe dar explicaciones a la sociedad catalana".

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha considerado "absolutamente intolerable" que se presione al Tribunal Constitucional (TC) desde el ámbito político "o desde cualquier otro punto de vista" en relación con la decisión que debe tomar sobre el Estatuto de Cataluña.

La 'número dos' de este partido ha subrayado que el responsable de la situación actual es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien es "culpable" de que los ciudadanos catalanes "se puedan sentir engañados". Fue él -ha recalcado Cospedal- quien, de modo "frívolo e irresponsable", aseguró que "se aprobaría cualquier cosa" que saliera del Parlamento catalán.

La dirigente del PP también ha considerado "inconcebible" que el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, presione "de forma tan abierta" al Tribunal Constitucional, por lo que, a su juicio, alguien en el seno del PSOE debería "hablar alto y claro" en contra de esa postura.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, considera que el editorial conjunto publicado por doce periódicos de Cataluña sobre el Estatut es un intento de presionar al Tribunal Constitucional (TC), que no debería producirse cuando aún no ha emitido una sentencia.

Así se refería De Rosa en declaraciones a Efe al editorial publicado por la prensa catalana el mismo día en el que el pleno del TC ha vuelto a reunirse para debatir la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, y en el que se advierte de que "si es necesario la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable".

El vocal del CGPJ defiende que desde todos los ámbitos debe mantenerse una posición de "máximo respeto" al TC, que es un órgano que según la Constitución Española de 1978 votamos la inmensa mayoría de los españoles, "incluidos los catalanes", para arbitrar las reglas del Estado de derecho.

De Rosa cree que ese tipo de medidas de presión no deben efectuarse sobre el Tribunal Constitucional ni sobre ningún órgano jurisdiccional y que en este momento lo que hay que hacer es dejar trabajar al TC y esperar a que emita la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, que aún no se conoce. Otra cosa es que "a posteriori", una vez conocida la sentencia, pueda opinarse sobre la misma, ha señalado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la "única presión" que deben tener los miembros del Tribunal Constitucional (TC) para dictar una sentencia sobre los recursos al Estatuto de Cataluña es la de la Constitución.

Núñez Feijóo ha expresado esta opinión al término de la reunión semanal del Ejecutivo gallego en la que ha mostrado su convencimiento de la "independencia" del Alto Tribunal y de que sólo se someterá a la Carta Magna para emitir su dictamen en este asunto.

"Cumplir y hacer cumplir la Constitución en todo el Estado es un buen consejo, para mí también, incluso cuando no me guste una sentencia porque pueda o no estar de acuerdo con ella", ha dicho.

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que el presidente Rodríguez Zapatero, es "el que nos ha metido en este lío" del Estatuto Catalán, cuya constitucionalidad está siendo debatida a raíz de los recursos interpuestos por el PP, el Defensor del Pueblo y otras instituciones.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, Aguirre ha criticado a quienes "digan ahora que el Tribunal Constitucional español no está legitimado para juzgar la constitucionalidad de las leyes" y en este caso, del Estatuto de Cataluña.

En su opinión esa es "una postura muy interesante, muy novedosa, pero en este momento en España es antijurídica" y por ello, ha añadido, "el que la defienda, tendrá que argumentarla".

La presidenta ha recordado que el Tribunal Constitucional es el encargado de "juzgar las leyes para saber si son o no acordes con la Constitución, que, de momento, es la Ley de Leyes, la que ampara los derechos y libertades de todos".

Por ello, se ha mostrado contraria a quienes "como el Ministro del Interior (Alfredo Pérez Rubalcaba), dicen que el Tribunal Constitucional no puede juzgar las leyes" y les ha pedido que si piensan de ese modo "entonces, que expliquen para que está" el Alto Tribunal.

Según ha detallado Aguirre, este "asunto" se gestó a raíz de que el que fuera presidente del PSC, Pasqual Maragall, renunciara a la modificación del Estatuto anterior, "que habían aprobado el 78% de los catalanes".

"Sin embargo -ha continuado la presidenta- Rodríguez Zapatero no llamó a la Moncloa a Maragall, ni al PSC, sino al presidente de CiU, Artur Mas, y en una noche pactaron el Estatuto que en este momento está recurrido ante el Tribunal Constitucional".

A su juicio, el presidente del Gobierno es el responsable de todo "este lío", porque "de ninguna manera, creo yo, podía pensarse hace cuatro años que hoy estaríamos en la situación en que nos encontramos".