El Consejo de Garantías Estatutarias, ¿un Constitucional catalán?

¿Es el Consejo de Garantías Estatutarias un Tribunal Constitucional catalán? "Como si quieren decir que andamos sobre las aguas", responde una socialista catalana a EL IMPARCIAL. José Montilla inauguró el pasado lunes un órgano que alberga el Estatuto de Cataluña y que ha provocado controversia por sus competencias y su composición. Este periódico ha recogido opiniones en todos los frentes, incluso ha conseguido que se pronuncie el Constitucional, no muy favorable a los avances del Gobierno de Montilla porque "no está el horno para bollos".

Esta semana ha nacido el Consejo de Garantías Estatutarias, previsto en el Estatuto de Cataluña de 2006 y que, según su dictado, vela por la adecuación a esta norma autonómica y a la Constitución Española de las disposiciones del Gobierno de la Generalitat. Este órgano ha sido criticado desde su planteamiento, y no lo ha sido menos en su puesta en marcha. Los dos principales puntos de encuentro entre los discrepantes son, en primer lugar, su nacimiento pese a que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado aún sobre el Estatuto y, segundo, coinciden en denominarlo "el TC de Cataluña". EL IMPARCIAL ha hablado con los principales actores que han hecho posible el Consejo y con un doctor y experto en Derecho Constitucional.



El órgano está formado por nueve miembros nombrados por el presidente de Cataluña entre juristas de reconocida competencia, dos terceras partes a propuesta del Parlamento por mayoría de tres quintas partes de los diputados y una tercera parte a propuesta del Gobierno autonómico. Entre estos miembros deben elegir a su presidente o presidenta –el primero es Pere Jover i Presa, del PSC-. Su composición actual la integran: Enric Fossas, Marc Carrillo y Eliseo Aja -Ejecutivo de Montilla-, Pere Jover y Antònia Agulló -a propuesta del PSC-, Àlex Bas y Joan Egea -propuestos por CiU-, Jaume Vernet -por ERC-, y Julio Añoveros -por el PP-.

El presidente de CiU, Artur Mas, equiparó el control que ejercen populares y socialistas sobre los miembros del Tribunal Constitucional con el "pacto" que han sellado PSC y PP sobre la composición del nuevo Consejo, que deja en franca minoría a CiU, partido que en la actualidad ostenta el mayor número de votos en Cataluña. "Dos miembros sobre un total de nueve", dijo Mas, "queda muy por debajo de lo que dice la gente cuando vota".

Pese a que el partido no se siente "cómodo" con el "pacto entre socialistas y populares para controlar el Consejo", defiende el órgano, como ha podido corroborar EL IMPARCIAL en comunicación con Núria Gispert, diputada autonómica y ex consejera de Justicia e Interior. La convergente recuerda que CiU "votó a favor de mayores competencias para el Consejo Consultivo" y defiende la creación del Consejo -sucesor de éste-, "aprobado en referéndum por el pueblo catalán y una vez desarrollada la ley que regula su composición". Para Gispert, las críticas son "engañosas" porque "no es un Tribunal Constitucional, tan sólo continúa el camino que desde 1981 ha venido trazando el Consejo Consultivo".

No obstante, el Consejo de Garantías Estatutarias tendrá un papel clave, puesto que elaborará dictámenes vinculantes sobre cuestiones relacionadas con los derechos y deberes de los catalanes. Además, suma competencias con las que no contaba el Consejo Consultivo, como la de poder emitir dictámenes vinculantes sobre algunos proyectos legislativos de la cámara catalana.

Este poder es considerado abusivo por Ciudadanos y por el Partido Popular, integrante, sin embargo, del Consejo y única formación participante que ha declinado hacer declaraciones sobre este asunto a EL IMPARCIAL. Los partidos de Albert Rivera y Alicia Sánchez-Camacho criticaron que ese poder vinculante de los dictámenes sobre la adecuación de los proyectos legislativos al capítulo de derechos y deberes del Estatuto limitaría la soberanía del Parlamento autonómico y defienden que el único órgano capaz de hacer eso debe ser el Tribunal Constitucional.

En el otro lado, el PSC, principal valedor del órgano, y ERC, colaborador suyo en el Ejecutivo catalán y que cuenta con un vocal. Anna Simó, portavoz de Esquerra en la Cámara catalana, ha expresado su opinión a este periódico a través de un comunicado y admite la ampliación de funciones del Consejo respecto a su antecesor. Simó dice que "tiene una naturaleza bien diferente del consejo que sustituye, porque no sólo cumple las tareas de asesoramiento mediante dictámenes tecnojurídicos, sino que, además, podrá evitar que se incorporen al ordenamiento jurídico preceptos que sean contrarios al Estatuto en dictámenes vinculados en el ámbito de derechos". Pero a Simó, como a todas las fuentes consultadas favorables al Consejo, le molesta que hablen de un Constitucional catalán "porque no tiene naturaleza jurisdiccional".

Lídia Santos es diputada autonómica del PSC y su enfado con los calificativos que desde Madrid se dedican al Consejo es manifiesto. Con ella ha hablado hace pocas horas este periódico para conocer de voz del socialismo catalán cuál es la visión sobre un asunto controvertido para muchos y positivo para otros. Santos resuelve muchas de las acusaciones lanzadas sobre el órgano justificando que "no estamos hablando de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española" que, por supuesto, dice la diputada, no contraviene ni pretende atacar este órgano como se ha dicho. Santos matiza que sus deliberaciones se centrarán en "derechos sociales vinculados a competencias que recoge el Estatuto". Por último, y como hace Núria Gispert, se pregunta por qué no va a ponerse en marcha el Consejo si el Estatuto goza de vigencia, y añade que nadie debe censurarlo porque, hasta que la Justicia hable, "goza de presunción de constitucionalidad".

Este periódico se ha puesto en contacto además con el doctor por la Universidad Complutense y experto en Derecho Constitucional Manuel Sánchez de Diego para que aporte luz sobre la relevancia del Consejo. Este especialista va más allá del órgano y alude al texto que lo recoge y presenta: "Cataluña ha tratado de que el Estatuto sea una Constitución catalana, recoge derechos fundamentales que no son tales y crea un poder judicial propio”. Sánchez de Diego cree que el Constitucional "se cargará" el Consejo o algunas de sus competencias y opina que no es la primera vez que Cataluña constituye instituciones análogas a las españolas, como ocurre con la figura del Defensor del Pueblo u organismos como la Agencia de Protección de Datos o el Consejo Audiovisual. El de Garantías estatutarias es, para Sánchez de Diego, una "barbaridad" y "un paso más" de otros tantos que se han dado con anterioridad.

Sea o no una barbaridad, Cataluña no ha errado en su creación ni ha incurrido en una ilegalidad, pero sí puede haberse precipitado, ya que el Constitucional podría echar abajo muchos de los avances del Gobierno catalán en cumplimiento del Estatuto de 2006. EL IMPARCIAL telefoneó también esta semana al entorno de los magistrados que de forma inminente ofrecerán el esperado y seguro que polémico dictamen, pero en el Tribunal se limitan a pedir que se desvíen las miradas de ellos para poder trabajar en paz. Sin embargo, hay frases que evidencian el descontento que estos avances del Gobierno de Montilla producen en los vocales. Una fuente muy cercana a ellos, preguntada por el Consejo de Garantías, prefiere guardar silencio, pero reconoce que "no está el horno para bollos".

Los que según el Constitucional echan leña al fuego también se sienten ofendidos y presionados. La socialista Lídia Santos dice no comprender estos "inventos del tebeo de mentes calenturientas", en referencia a todo lo dicho sobre el Consejo, y advierte de que las críticas desde Madrid no les harán retroceder: "como si quieren decir que andamos sobre las aguas", concluye. Mientras, y según últimas informaciones, el TC se acerca al consenso en la misma medida que desbroza el texto del Estatuto. La temperatura se eleva y, si se cumplen las amenazas en el terreno político, tan unánimes como el editorial del pasado jueves en el periodístico, y se confirman tales informaciones, asistiremos a un punto de inflexión en las relaciones España-Cataluña. Al menos, sabremos en qué medida agrada a los juristas del Constitucional que Cataluña avance en autosuficiencia judicial y legislativa.