Un imputado por 'Pretoria': "El dinero recibido eran honorarios profesionales"

El ex edil de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó, imputado en la "operación Pretoria", en la que investiga una trama de corrupción urbanística, ha dicho que el dinero que supuestamente se le atribuye de la trama son "honorarios profesionales".

Baltasar Garzón imputa a Genís Carbó un delito de cohecho porque "habría recibido el pago de 244.000 euros de Niesma Corporació por dar, a través de su empresa -GBC Assessorament Urbanistic y Projectes- cobertura legal a las posibles influencias favorables por los cargos ocupados en el periodo de la modificación del plan urbanístico" que afectaba a las fincas propiedad de Niesma. Carbó, para quien el fiscal anticorrupción Luis Pastor no ha solicitado ninguna mediada cautelar, ha justificado ante Garzón esta cantidad alegando que son "honorarios profesionales" y se ha desvinculado de la trama de corrupción urbanística que operaba en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneres y Badalona.

"He intentado desmontar todo lo que se está diciendo de mí, incluido (lo que dicen) los periodistas", ha subrayado Carbó, que ha permanecido en el despacho del juez alrededor de media hora. Garzón interroga ahora al administrador de Renticost Serveis, Manuel Valera, del que el juez dice en su auto del pasado 30 de octubre ordenó el ingreso en prisión de cinco de los nueve primeros imputados y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, que "era en realidad una persona interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García" (el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama).

Anticorrupción no pide cautelares para los imputados
Cinco de los nuevos once imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la llamada "operación Pretoria", en la que investiga una trama de corrupción urbanística han negado su vinculación con los hechos, y la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ninguna medida cautelar para ellos.

Durante toda la jornada, el juez ha interrogado a las esposas de los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, al ex edil de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó, al administrador de Niesma Corporació Manuel Valera; y al arquitecto municipal de Santa Coloma Lluis Falcón.

El fiscal anticorrupción Luis Pastor, según han informado fuentes jurídicas, no ha pedido ninguna medida cautelar para ninguno de los imputados, que continúan en libertad y que se han desvinculado de la trama de corrupción urbanística que operaba en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneres y Badalona, donde defraudó un total de 44.754.000 euros.

En concreto, Carbó, imputado por un delito de cohecho ya que "habría recibido" 244.000 euros de Niesma Corporació -empresa presidida por el imputado Luis García, supuesto cabecilla de la trama-, ha justificado esa cantidad como "honorarios profesionales", según ha declarado a los periodistas tras salir del juzgado. "He intentado desmontar todo lo que se está diciendo de mí, incluido (lo que dicen) los periodistas", ha subrayado.

A Malfeito y a Mas el juez les imputa un delito de blanqueo de capitales y a esta última la acusa de haber ayudado supuestamente a su esposo "en la actividad destinada a purificar los beneficios de las actividades presuntamente ilícitas de aquél", además de figurar como administradora de Poliafers S.L., "a través de la cual se canalizaron algunas de las comisiones cobradas" por Prenafeta. Por su parte, Garzón imputa los delitos de asociación ilícita, fraude y exacciones ilegales a Lluis Falcón, que habría participado en la "operación Pallaresa" desarrollada en Santa Coloma "realizando determinadas actividades y adoptando decisiones que propiciarían su ejecución".

De Manuel Valera, el juez dice en el auto en el que el pasado 30 de octubre ordenó el ingreso en prisión de cinco de los nueve primeros imputados y la libertad bajo fianza de los otros cuatro, que "era en realidad una persona interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García" (el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama).

Aparecía también como administrador solidario de Niesma Corporació y administrador de Renticost Serveis S.L., que en diciembre de 2005 recibió una transferencia de dinero procedente de una sociedad domiciliada en Costa Rica y controlada por García. Además de estas cinco personas, el juez imputó ayer al ex concejal socialista de San Andrés de Llavaneres, Antoni Jiménez; al ex alcalde de esta ciudad Víctor Ros (PP); al consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido; al ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas; y a la madre del ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, Josefina Calvet.

Garzón interrogará mañana a los cuatro primeros, ya que Calvet -a la que acusa de haber recibido junto con su hijo un millón de euros- padece alzheimer y, según varios informes médicos presentados hoy al juez, no puede prestar declaración, por lo que no acudirá a la Audiencia, según han confirmado a Efe fuentes de su defensa, que han señalado que el juez podría enviar un forense para examinarla.

El último de los once nuevos imputados, Philip McMahan Bolich, tiene su residencia en Andorra, donde el magistrado ha cursado una comisión rogatoria para interrogarle. En la "operación Pretoria" hay ya un total de 20 imputados, de los que cuatro permanecen en prisión y cinco en libertad bajo fianza.