Moratinos conoce la represión de Castro y continúa con el diálogo

Moratinos es conocedor de la trágica realidad de los presos y disidentes cubanos en la isla. El ministro respondió al diputado del PP Teófilo de Luis que "el Gobierno tiene constancia de numerosas acciones represivas con fines políticos por parte de las autoridades". Mientras, como estrategia, el Ejecutivo continúa apostando por el diálogo.


El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene constancia de la existencia de "numerosas acciones de carácter represivo con fines políticos" por parte del régimen castrista, así como de las "difíciles" condiciones que los presos de conciencia cubanos sufren en las cárceles de la isla.

El Gobierno asegura disponer de esta información en diversas repuestas escritas dirigidas al diputado del PP Teófilo de Luis, a las que ha tenido acceso EFE. De Luis había formulado varias preguntas sobre la persecución que sufren los opositores en Cuba y por la situación en ámbitos como el penitenciario.

En una de ellas, el diputado del PP se interesaba por la puesta en marcha por parte del régimen de Raúl Castro de una estrategia de represión política de bajo perfil, que incluye arrestos sistemáticos y otras formas de hostigamiento, y de los que habían sido víctimas al menos 532 disidentes en los primeros siete meses de 2009.

La contestación de Exteriores, fechada el pasado 18 de noviembre, dice: "El Gobierno tiene constancia de la existencia de numerosas acciones de carácter represivo con fines políticos por parte de las autoridades cubanas".

A continuación, se añade que la Embajada española en La Habana realiza un "firme seguimiento de estos hechos a efecto de incluirlos en el diálogo político y de derechos humanos" que se mantiene con el Gobierno de la isla desde 2008. Este mecanismo de diálogo se acordó durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en abril de 2007, que abrió una nueva etapa en la relación entre ambos países.

En otras respuestas a De Luis, el Ejecutivo subraya que tanto en el diálogo bilateral, como en el de la UE con Cuba, "se interesa regularmente" por la situación de los presos políticos, que rondan los 200, y pide su liberación, en especial, de aquellos con problemas de salud. Añade que las autoridades cubanas "han tomado en todo momento buena nota de las peticiones concretas".

Uno de los grupos que, según el Gobierno, sufren "hostigamiento" es el de los firmantes del llamado "Proyecto Varela", favorable a la apertura democrática y a espacios de participación social en Cuba. Añade que esta información se la facilitó Oswaldo Payá, el impulsor de la iniciativa, y que España estaría a favor de que este opositor acuda a la próxima reunión del grupo de derechos humanos de las Embajadas de la UE para conocer más detalles.

El Gobierno asegura conocer además las "difíciles condiciones" que sufren los presos de conciencia, así como el traslado de algunos de ellos a cárceles alejadas de donde residen sus familias. Ante esta situación, una de las propuestas que defiende España es establecer un grupo de trabajo entre la UE y Cuba sobre el sistema penitenciario en la isla.

Según el Gobierno, el anterior canciller cubano, Felipe Pérez Roque, destituido en marzo de este año, dio su "parecer favorable" a esta oferta, pero las autoridades cubanas "parecen ahora haber reconsiderado su conformidad inicial". España vería positivo que el Comité Internacional de la Cruz Roja visitara las prisiones cubanas, a lo que tampoco está dispuesto el régimen. El Ejecutivo ve un avance que Cuba haya aceptado la visita del relator de Naciones Unidas sobre la tortura, aunque sigue sin fijarse la fecha, pese al compromiso de que fuera en 2009.

Otro aspecto de "preocupación" para España y la UE es el de la figura legal de la "peligrosidad delictiva", que permite condenar a un individuo si se entiende que es una amenaza para el régimen aunque no haya cometido un delito. España ha ofrecido a Cuba debatir este asunto en un seminario jurídico con expertos de ambos países para intentar "adecuar" ciertos aspectos de la normativa penal cubana a estándares internacionales.

El Gobierno sabe asimismo de "diversas actuaciones de control" sobre movimientos culturales "nacidos al margen de los cauces oficiales al régimen", por lo que admite que "no puede afirmarse que la producción cultural, artística o ideológica en la isla se desarrolle sin intromisión alguna de las autoridades locales".

La evaluación sobre la situación en Cuba se extiende a las normativas internas para la concesión de autorizaciones de salida del país que, según el Gobierno socialista, se aplican con "un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad".

España observa además "restricciones" a ciertos colectivos como los trabajadores del sector sanitario, familiares de opositores y personas con períodos previos de residencia en el exterior.