Algo más que una constitución

La valoración de la Constitución de 1978 no se puede limitar a las conmemoraciones del 6 de diciembre. La defensa de nuestra Carta Magna debemos hacerla también el 7 de diciembre o el 8 de enero o cualquier día del año. A lo largo de este artículo trataré de explicar por qué nuestra Constitución de 1978 es algo más que una Constitución y, por ello, precisa que todos estemos prestos a su salvaguardia, cuando sea despreciada o minusvalorada.

Para comprender mejor la valoración de las cosas, ya los griegos nos enseñaron que era muy útil compararlas con sus similares y sus contrarios para, por contraste, apreciar con más precisión el justo valor de cada cosa. Comparemos nuestra Constitución con el resto de nuestras Constituciones: la de 1812, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931, además de los Estatutos de Bayona de 1808 y el Estatuto Real de 1834. En total, en nuestros más de 2 siglos de historia constitucional hemos tenido nueve textos constitucionales, varias guerras civiles en el siglo XIX y una especialmente cruenta en el siglo XX, varios golpes de Estado, dos repúblicas fracasadas, varias dictaduras -alguna duró cerca de 40 años-. No soy historiador, pero creo que lo descrito es un fiel reflejo de la historia constitucional de España, que podríamos definir con muchas palabras, pero pienso que posiblemente inestabilidad sea la que mejor refleje nuestra historia política de 1808 a 2009.

Sin embargo, la Constitución de 1978 no es una Constitución más de nuestra historia, es la única que realmente ha funcionado, que por primera vez ha asentado una democracia sólida en España, que ha sido una Constitución jurídica -por lo tanto respetada y aplicada- y no política -no respetada y siendo más fruto del partido en el poder, que de un consenso estable y duradero-, por eso pienso que nuestra Constitución de 1978 es “La Constitución”, pues es la que nos ha proporcionado treinta y un años de paz y prosperidad como nunca ha conocido este país.

La Constitución de 1978 ha diseñado nuestro actual sistema político, teniendo su eje principal, como no podía ser de otra manera en un país democrático, en el Estado de Derecho. La Constitución, hasta la fecha, ha sido un Constitución jurídica, esto es, que los ciudadanos y especialmente los poderes públicos, la respetan, acatan y aplican, así lo señala en alguna medida el artículo 9.1 de la misma. Esto es lo propio de los países modernos, democráticos, desarrollados, que su texto constitucional sea una norma jurídica. Sin embargo, algunos con, cuanto menos, profunda irresponsabilidad, quieren romper las reglas del juego democrático, esto es, del Estado de Derecho, que es lo mismo que decir, su norma jurídica suprema. Somos mayoría los españoles que no queremos volver a nuestro inestable pasado constitucional.

Verdaderamente la sociedad civil española está mostrando una mayor madurez democrática y política que sus gobernantes -alejada siempre de los radicalismos, con una tendencia electoral claramente centrípeta y moderada-, de ahí la cada vez más preocupante y negativa desafección de los ciudadanos de la política y de los asuntos públicos, fruto de la frustración y escepticismo que muestra el panorama actual. Dejemos que la Constitución siga siendo una Constitución jurídica y no política, respetemos la democracia y el Estado de Derecho, y actuemos todos, ciudadanos y poderes públicos, con la madurez y responsabilidad que requiere una joven democracia como la española.