según el banco de españa
Viernes 18 de diciembre de 2009
La autonomías acumulaban a finales de septiembre de este año una deuda pública de 83.843 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la deuda de las corporaciones locales creció el 13,2 por ciento, hasta los 34.546 millones.
Según los datos del Banco de España publicados este viernes, la deuda aumentó en un año en todas las comunidades, sobre todo en el País Vasco, donde se multiplicó por 3,6 veces al pasar de 464 millones de euros a 1.684 millones (el 262,9% más), y también subió mucho en Murcia, el 81,1 por ciento, y en Castilla y León, donde se incrementó el 68,07.
Por el contrario, la deuda creció menos en Cantabria (9,5%) y en Madrid, un 12,3 por ciento.
La comunidad con más deuda en valores absolutos fue Cataluña, con 24.054 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana (14.533 millones) y Madrid (11.173 millones).
Los 83.843 millones que deben las comunidades autónomas suponen un 7,9 por ciento de su PIB.
En el caso de la Comunidad Valenciana, el endeudamiento representa un 14,1 por ciento del PIB, mientras que en Baleares es del 12,3 por ciento y en Cataluña del 12,1. En el extremo contrario, la deuda vasca supone sólo un 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto de esa comunidad.
Por lo que respecta a las corporaciones locales, su deuda aumentó en este período un 13,2 por ciento y alcanza los 34.546 millones de euros.
La mayor parte de deuda de las corporaciones locales la generan los Ayuntamientos (28.297 millones) y, en concreto, los de capitales de provincias (14.627). De esa cifra, más de la mitad corresponde sólo al municipio de Madrid, con 7.363 millones de deuda. La siguiente ciudad más endeudada -entre las ciudades con más de 500.000 habitantes- es Valencia, con 790 millones, por delante de Barcelona (724), Zaragoza (718), Málaga (641) y Sevilla (493).
Los datos del Banco de España se han conocido un día después de que la agencia Moody's rebajara la calificación crediticia de Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valencia, y pusiera en vigilancia la de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia.
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