Desde Profesionales por la Ética y la federación de padres objetores España Educa en Libertad se ha pedido a la dirección del PP que aclare su posición frente a Educación para la Ciudadanía, ya que en comunidades como Madrid y Castilla y León sus actuaciones no difieren esencialmente de cómo se gobierna en las del PSOE: “Nos ponen muchas trabas para poder ejercer nuestro derecho a la objeción”.
Distintos colectivos de objetores a Educación para la Ciudadanía han criticado la ambigüedad con la que el PP está afrontando esta asignatura. Entienden que, como única formación política en la oposición con posibilidades reales de sustituir al PSOE en el Gobierno, su posición frente a EpC no difiere mucho de lo que defiende su rival político en el poder.
Así, la asociación Profesionales por la Ética ha pedido en una carta abierta al presidente del PP, Mariano Rajoy, que explique la postura de las comunidades autónomas en las que gobierna su partido respecto a la objeción a estas asignaturas y al capítulo educativo de la Ley del Aborto.
Esta plataforma cívica advierte de que con la Ley del Aborto “se impondrá a todos los alumnos, sin contar con la libertad de elección de los padres, una concepción de la sexualidad única, de la que necesariamente formará parte un aberrante dogma ideológico: el aborto en un derecho de la mujer”.
Libros de texto de EpC.
Por su parte, la federación de padres objetores a EpC España Educa en Libertad también ha mostrado su perplejidad ante la actitud del partido de Rajoy. Su presidenta, Marisa Pérez Toribio, ha denuncia a EL IMPARCIAL este equívoco: “Desde la dirección nacional del PP se ha dicho siempre que comparte la misma visión que nosotros sobre esta asignatura adoctrinadora, aunque luego es muy diferente lo que nos estamos encontrando en las comunidades gobernadas por este partido”.
Adoctrinamiento ideológicoLa carta firmada por el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, señala que se han cumplido ya cinco años de EpC y “desde entonces se ha hecho cada vez más evidente que su imposición responde a un claro propósito de adoctrinamiento ideológico en la escuela”.
Además, Urcelay lamenta que muchos ciudadanos perciben “con preocupación” que el PP, en las regiones en las que gobierna, “muestra notables incoherencias, descoordinación y cambios de criterio con respecto a EpC y a los derechos de los padres objetores” y destaca que aunque la dirección nacional ha tratado de superarlo con declaraciones institucionales, éstas “no se cumplen por parte de sus Administraciones educativas”.
En la misma línea se ha pronunciado Pérez Toribio: “Hacen declaraciones de cara a los medios, pero la realidad que nos encontramos los padres cuando acudimos a la Consejería de Educación de turno es que no vemos ninguna diferencia entre una del PSOE y una del PP: ni nos apoyan ni nos ayudan, todo lo contrario, nos ponen muchas trabas para poder ejercer nuestro derecho a la objeción”.
Educa Madrid.
Madrid y Castilla y LeónLa presidenta de España Educa en Libertad no oculta su decepción ante la actitud del PP en sus comunidades: “En Madrid, hasta la sentencia del Supremo había una alternativa para los niños de padres objetores, pero desde ese momento, la Consejería de Educación no está apoyando, ni respaldando ni ayudando en absoluto, más bien todo lo contrario. Han dejado todo en manos de la inspección, que lo único que hace es presionar muchísimo a los centros y a los niños”.
Añade que “en Castilla y León está pasando lo mismo: la postura de la Junta no se corresponde en absoluto con la que manifiesta la dirección nacional del partido. En Valencia –matiza– ha habido una cosa rara con eso de dar la asignatura de EpC en inglés”.
A este mismo respecto, Profesionales por la Ética recuerda que en Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado ya 211 sentencias que afectan a 456 niños y en las que declara que los contenidos de EpC tienen una “intensa carga ética, moral e ideológica” reconociéndose así el derecho a la objeción de conciencia.
Alegan también que estas sentencias han sido despreciadas por la Consejería de Educación de la Junta castellanoleonesa, “que ha decidido alinearse públicamente con las posiciones estatistas del Ministerio de Educación y el PSOE” negándose a extender los fallos judiciales del Tribunal autonómico a los padres e incluso se está oponiendo a reconocer su eficacia respecto a los padres objetores directamente afectados por las sentencias judiciales.
“La formación moral no es competencia del Estado”España Educa en Libertad.
Urcelay acaba pidiendo a Rajoy “una reflexión, en el marco del posible Pacto Educativo, sobre el futuro que realmente queremos en la educación de las futuras generaciones” e, igualmente, “su inmediata intervención en aras del restablecimiento de la necesaria unidad y estabilidad en los criterios básicos de todas las administraciones educativas populares respecto a EpC y la objeción de conciencia de los padres”.
La presidenta de la federación de padres objetores concluye con que saben que la razón está de su lado, que van a pelear hasta el final y que si el ministro quiere resolver este conflicto y no quiere cerrarlo en falso, va a tener que hablar con España Educa en Libertad: “Tenemos claro que se puede solucionar, pero tiene que haber voluntad política, aunque hay cosas absolutamente innegociables, como la primacía del derecho de los padres a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones morales, tal y como lo reconoce la Constitución”.
Marisa Pérez Toribio asegura que están abiertos a una asignatura que tenga una formación cívica: “No nos oponemos en absoluto a esta asignatura, pero no con meros recortes, sino abriendo un debate real que respeta el derecho que tiene en cuenta que la formación moral de los niños no es competencia del Estado. Eso tiene que quedar al margen de la escuela”.