Perú ajusta las cuentas de su pasado

Ayer lunes se hacían oficiales las conclusiones anticipadas durante el pasado fin de semana sobre la causa seguida por Alberto Fujimori. Así, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú ratificaba la sentencia a 25 años a prisión contra el ex presidente Fujimori por su relación probada con dos matanzas y otros tantos secuestros. A ello habría que sumar otras dos condenas acaecidas en 2009, una de 8 años por corrupción, y otra de 6 por allanamiento de morada. De ésta última conviene además precisar que se produjo en la resolución judicial del llamado “caso Vladimiro”, en el que una serie de grabaciones destapaban los turbios manejos de su mano derecha, Vladimiro Montesinos, y que a la postre acabaron costándole la presidencia.

Lo que ahora se está juzgando en Perú nada tiene que ver con memorias históricas ni escarbar en el pasado, sino simple y llanamente con el ánimo de hacer justicia. Alberto Fujimori llegó al poder en una etapa muy difícil para el Perú. Una serie de indiscutibles éxitos económicos iniciales, junto a la captura en 1992 del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, hicieron aflorar la confianza entre los peruanos, aunque bien pronto se pasó del optimismo a la decepción ya que, bajo su gestión, la corrupción alcanzó límites insospechados, en lo que llegó a denominarse “cleptocracia”. Los abusos de Fujimori durante su etapa presidencial deben ser investigados y, si procede, castigados con todo el rigor que la ley peruana disponga. Y ello no sólo por un sentido elemental de justicia, sino como “aviso a navegantes”, hambrientos de poder omnímodo y arbitrario, que se crean demasiado poderosos en el presente, sin prever que el futuro puede ser diferente.