Todos contra todos: la guerra del agua

La Constitución establece que el agua pertenece a todos los españoles y que el Estado se encargará de que haya igualdad y de que las comunidades con excedente de agua faciliten este bien a las que lo necesiten, pero la realidad es bien distinta. Psoe y PP mantienen una lucha permanente a causa del agua que, incluso, ha enfrentado a comunidades y ayuntamientos del mismo partido político. Mientras negocian en despachos, miles y miles de hectolitros van a parar al mar cada año mientras las regiones más secas se las apañan como pueden para resistir.

La Constitución establece en su Artículo 138. que "el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución". Además alude en el Artículo 148. a que "las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en [...] los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales".

Además, especifica en el Artículo 149. que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre [...] la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales" y sobre "la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma".

Por tanto, según la Constitución el agua pertenece a todos los españoles, y el Estado se encargará de que haya igualdad, con lo que las comunidades con excedente de agua deberán dar a las comunidades que lo necesiten este excedente.

Además, matiza que el Estado se encargará de la política hídrica y especifica que gestionará "las aguas cuando discurran por más de una Comunidad Autónoma".

El PP y el PSOE se han enzarzado en una guerra por los derechos del agua. Sin embargo, y como novedad, la brecha abierta no es sólo entre las dos formaciones políticas, sino también entre las propias administraciones regionales, aunque éstas sean del mismo color político.

A pesar de que este invierno ha sido uno de los más lluviosos de los últimos años y de que la mayoría de embalses españoles han recuperado gran parte de agua, llegando muchos a tener que desembalsarla, el Levante sigue sediento.

La situación de sequía se mantiene en la Región de Murcia pese a las últimas precipitaciones, ya que apenas ha habido aportaciones a los embalses. Es más, de septiembre de 2009 a enero de 2010 han caído 128,8 litros por metro cuadrado, frente a los 154,9 del mismo periodo de 2008-2009, lo que supone un 17 por ciento menos, siendo el quinto periodo menos lluvioso de los últimos diez años, según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita.

Aquí surge la polémica. Después de casi 40 años del trasvase Tajo-Segura y de los conflictos ocasionados entre Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, las disputas no terminan.

Siempre ha habido bastantes reticencias en la Castilla-La Mancha, una de las regiones más secas de España, a la hora de dar agua al Levante. Además, desde que en los años 70 se construyese el trasvase Tajo-Segura, los problemas se han repetido, sobre todo en los períodos de sequía.

Cuando esta pugna parecía haberse solucionado, al menos para la comunidad manchega y para el Levante, con el Plan Hidrológico Nacional impulsado por el Gobierno de José María Aznar, Rodríguez Zapatero derogó dicho Plan a su llegada a La Moncloa, por el inconformidad de Aragón, que no estaba dispuesta a ceder sus aguas a Valencia y Murcia.

Defensores de la caducidad del trasvase Tajo-Segura
Por una parte están los defensores de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, que han tenido que ceder entre sus pretensiones para conseguir sacar adelante el Estatuto manchego, que es el que más tiempo lleva paralizado. Éstos son los socialistas de Castilla-La Mancha, que han visto en los Estatutos de Andalucía y Aragón su salvación para poder regular la política hídrica.

El diputado nacional del PSOE Alejandro Alonso, uno de los encargados de la negociación del nuevo Estatuto, ha explicado a EL IMPARCIAL que están "a la espera de que el PP diga si tiene otro planteamiento" o si acepta la propuesta socialista de una reserva hídrica de unos 6.000 hectómetros cúbicos en Castilla-La Mancha, como ocurre en Aragón.

Alonso considera que "en el PP hay gente que ve esto bien", pero que "hace falta que alguien con mando en el partido" decida si aceptan el acuerdo o proponen otra alternativa.

"Comprobamos que en el PP no hay una posición común en relación a la política del agua. Hay grandes discrepancias y en el PP nadie ha unificado posiciones", ha explicado el diputado del PSOE.

Sin embargo, Alonso ha comentado que en su partido la situación es contraria, ya que "el Grupo Socialista en el Congreso ha puesto sobre la mesa la propuesta, aunque pueda haber opiniones diferentes (como los socialistas de Valencia y Murcia), la decisión es del Parlamento".

Lo que hace falta, según Alejandro Alonso, es que "el PP Nacional diga si le parece bien o si tiene otras propuestas". Además, Alonso ha valorado que las declaraciones de estos días de Camps y Valcárcel en defensa del trasvase se hacen porque "se han encontrado en este asunto un granero electoral", ya que, a juicio del diputado del PSOE, "no buscan el agua”, puesto que todo lo que se ha hecho en esta materia en sus comunidades "lo ha hecho el Estado".

El PP manchego, por el equilibro en materia de agua
Muy cerca de ellos están los populares de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal al frente. Éstos han negado siempre su apoyo a la caducidad del trasvase para 2015 como proponía de forma inicial el Estatuto. Sin embargo, sí apoyarían una reserva hidráulica, como en Aragón, para no verse abocados a una desafección de los votantes manchegos, cuando más cerca tienen la presidencia de la comunidad, y para conseguir un acuerdo equilibrado para Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

El mejor ejemplo de unión es el apoyo de los populares aragoneses a una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos, que haría muy difícil futuros trasvases, como el contemplado por el Plan Hidrológico Nacional que derogó Zapatero al llegar al poder.

Para el secretario de Acción Parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha y ponente del Estatuto en el Congreso, Leandro Esteban, el verdadero problema viene "del cuajo político del presidente castellano-manchego, José María Barreda, hace seis años, cuando al reunirse con Zapatero éste le dijo que estaba solucionado el problema del agua en Castilla-La Mancha", tras haber derogado el Plan Hidrológico Nacional de forma “unilateral”.

Además, Esteban ha calificado la actitud de Barreda de "bajada de pantalones" y ha puesto como ejemplo las declaraciones de José Bono un año antes de dejar la presidencia de la comunidad cuando dijo que "había colmado con mucho sus expectativas como presidente de la región", en referencia al trasvase Ebro-Segura, que dejaba a Castilla-La Mancha en una cómoda posición en materia de agua.

Por otra parte, Leandro Esteban ha asegurado que en el Estatuto "se respeta la constitucionalidad" y, en referencia a la reserva hídrica, se habla de "una estimación del agua que necesitan los castellano-manchegos".

"Que alguien diga que no la podemos estimar es esperpéntico. No podemos ver pasar el agua por la región y que no se deje agua", ha explicado el secretario de Acción Parlamentaria del PP manchego, quien ha puntualizado que "no queremos quitar agua a nadie, sino defender lo nuestro".

"Yo ya dije que tengo el orgullo de pertenecer a un partido que puso de acuerdo a estas tres regiones con el Plan Hidrológico Nacional, por lo que sólo hay un responsable de la situación actual: José Luis Rodríguez Zapatero, que de forma unilateral cambió las reglas del juego", ha considerado Alonso, que ha reclamado al Gobierno que vuelva a ese Plan.

El diputado regional del PP cree que "la solución del agua pasa por un pacto nacional y los ciudadanos en Castilla-La Mancha lo tienen muy claro. Además, si Barreda ha formado parte de todos los gobiernos de la región durante 30 años y no se ha solucionado el problema, ahora no lo hará", ya que, "la situación del agua en Castilla-La Mancha es peor que hace diez años", ha explicado.

Leandro Esteban ha considerado que el PP valenciano y el murciano "han sido muy prudentes" al entender las necesidades de Castilla-La Mancha, al no pronunciarse sobre la reserva hídrica de Castilla-La Mancha que, según fuentes consultadas por este diario saldrá adelante, y limitarse a defender el trasvase Tajo-Segura.

Murcia y Valencia, contra el trasvase y la reserva, pero con matices
Por otra parte, se encuentran los contrarios al fin del trasvase y a la inclusión de una reserva hídrica en el Estatuto. Éstos representan los intereses de Murcia y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la unidad no es tanta como podría parecer. Mientras el PP y el PSOE de Murcia han pactado estos días una moción para la defensa del trasvase Tajo-Segura, el PP y el PSOE valenciano no han hecho "piña".

El PSPV-PSOE ha confirmado a EL IMPARCIAL su férrea defensa del trasvase, puesto que "no van a asumir nada que afecte al trasvase" y ha defendido la "inconstitucionalidad" de regular esta materia por parte de una comunidad. La defensa del PP valenciano pasa más desapercibida. Aunque éstos siempre han defendido el trasvase, no se han pronunciado de forma tan rotunda ante una posible reserva hídrica en Castilla-La Mancha, lo que podría confirmar un acuerdo con De Cospedal para conseguir un equilibrio, como ya declaró el pasado año el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.

EL PSPV-PSOE también ha denunciado que si se incluyese una reserva hídrica en el Estatuto “se dejaría sin sustancia el trasvase”. “Los manchegos han querido hacer una batalla, pero se han equivocado de materia”, consideran los socialistas de Valencia, que aluden a que “el Tribunal Constitucional valenciano ya dejó claro que el uso del agua es de más de un territorio”.

Por último, los socialistas valencianos han instado al PP a que aclare si apoyan el modelo del Estatuto de Aragón, que, según De Cospedal es el modelo a seguir, ya que “supone poner en peligro, no sólo, la pervivencia del trasvase Tajo-Segura, sino que también podría afectar a la cuenca del Júcar, porque es una cuenca sobre la que sería de aplicación esta reserva hídrica, por ser una reserva de carácter general", han concluido los socialistas.

Además, en el conflicto ha entrado en escena el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), que aunque también defiende el trasvase, que calificó de "intocable", ha optado por un pacto al aludir que "es mejor un mal acuerdo que un buen pleito". Detrás de esto, según fuentes consultadas por EL IMPARCIAL, se escondería una maniobra de acercamiento de Ripoll a De Cospedal ante la complicada situación de Francisco Camps en la Comunidad Valenciana por los casos destapados en la trama "Gürtel".

También el PSOE de Murcia ha criticado al presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y han dicho que "será recordado por ser el presidente de la comunidad que no defendía los intereses de la Región de Murcia, que entendía el problema de la reforma de Castilla-La Mancha como una cuestión partidaria, cuando se trataba de una cuestión de región". Además, han añadido que Valcárcel "sí sabe que Rajoy quiere que pase por el aro de la reserva estratégica" y ha valorado que "todo apunta a que" la "traición" de Rajoy sobre aceptar una reserva hídrica "sí se va a producir".

Según fuentes consultadas, Rajoy, que se reunió estos días con Camps, Valcárcel, De Cospedal y Aguirre, pidió que se evitasen ataques directos entre ellos y les solicitó, además, que dejasen margen de maniobra a la número dos del PP para que negociase el estatuto manchego. Sin embargo, y aunque Camps no fue tan rotundo, Valcárcel advirtió al líder del PP de que no aceptará bajo ningún concepto una reserva hídrica en Castilla-La Mancha.

Además, en la comparecencia de esta semana de los presidentes valenciano y murciano en defensa del trasvase Tajo-Segura, éstos argumentaron su posición en contra de la reserva hídrica en que la Ley 52/1980 que regula el trasvase "ya da prioridad" a Castilla-La Mancha en el uso del Tajo como cuenca cedente, remarcando que las comunidades del Levante "tienen derecho" a las aguas sobrantes, "a las que damos los mejores de los usos" al servicio de una actividad "tan noble" como es la agricultura.

El PP de la Comunidad Valenciana ha rehusado a hacer declaraciones referentes al asunto del agua, del trasvase y del Estatuto castellano-manchego. ¿Es esto la confirmación del pacto denunciado por los socialistas valencianos?