El PSOE creará un registro de médicos objetores

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, ha señalado este lunes que no permitirá que los médicos se acojan a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en el sistema público, en el caso de que sí los hagan en el sector privado, porque "no se puede objetar por la mañana y no objetar por la tarde".

El candidato socialista se refirió a que el programa del PSOE recoge la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, en la línea de garantizar la equidad de la interrupción voluntaria del embarazo en el conjunto del Estado.

Para Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, la creación de ese registro situaría a los médicos y profesionales que se opongan al aborto en una situación de "apartheid" por razones de conciencia. "Esta propuesta", ha señalado Fernández de Alarcón, "es gravísima porque afecta a derechos constitucionales básicos como la libertad ideológica y de conciencia así como a la privacidad de los profesionales. Los médicos, enfermeros y auxiliares podrán ser discriminados, relegados o acosados por no aceptar el pensamiento único del Gobierno en materia de aborto".

Intereses ideológicos y económicos
Bazán insiste en que "la objeción de conciencia médica está ya regulada deontológico y jurisprudencialmente, y existen normas jurídicas suficientes para articular el derecho del personal sanitario. Añade que "introducir una nueva norma jurídica es algo simplemente innecesario porque no va destinada a tutelar el derecho a la objeción del personal sanitario, sino que busca legitimar los intereses ideológicos y económicos que se entremezclan en la campaña proabortista del partido gobernante, reduciendo el ámbito de libertad del personal sanitario".

Asimismo, desde profesionales por la Ética se recuerda que regular significa establecer cauces de ejercicio del derecho, clarificando sus delimitaciones y condiciones de ejercicio. En nuestro sistema jurídico, las normas jurídicas y deontológicas en vigor permiten un ejercicio razonable del derecho a la objeción. La conciencia clara de la inmensa mayoría del personal sanitario de que hay prácticas contrarias a la verdadera praxis médica (como es la del aborto) es un obstáculo insalvable para un poder público poco respetuoso con los derechos fundamentales.

Restringir un derecho reconocido en el ordenamiento
El derecho del personal sanitario al respeto de sus creencias en el ejercicio de su profesión es una exigencia esencial del sistema democrático. El poder público no puede, con la excusa de la regulación, restringir indebidamente el contenido esencial de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, tutelado por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España.

Profesionales por la Ética recuerda que la libertad ideológica y de conciencia constituyen el núcleo fundamental de un Estado de Derecho y están suficientemente regulados por la Constitución Española y la jurisprudencia constitucional. En este sentido, Fernández de Alarcón ha indicado que su asociación prestará todo el apoyo jurídico y legal que las organizaciones profesionales de la Sanidad y los particulares demanden en defensa de su libertad ideológica y de conciencia.

La propuesta viene de la época de Felipe González
A juicio de Profesionales por la Ética, esta propuesta del PSOE no es nueva; de hecho, en los últimos años del gobierno de Felipe González se barajó la posibilidad de crear un registro de médicos y profesionales de la Sanidad que se declararán objetores frente a la práctica del aborto voluntario; en esa misma época se pretendió convertir el aborto en un acto médico de manera que el profesional que se negara a colaborar pudiera ser penalizado.

Profesionales por la Ética ya ha anunciado que si el resultado de las próximas elecciones generales permite al PSOE seguir adelante con esta propuesta, llevará a cabo una campaña informativa y reivindicativa que tendrá como objetivos los siguientes: conseguir la protección efectiva de la libertad de opinión, expresión y actuación de los profesionales en el ejercicio de su actividad profesional; suscitar en la conciencia colectiva de nuestra sociedad un mayor respeto hacia las convicciones morales y éticas de los profesionales; y evitar que se discrimine o se relegue a los profesionales por negarse a participar en prácticas que atenten contra la vida humana.