Los perniciosos efectos de la Ley del Menor

La detención estos pasados días de uno de los implicados en la muerte de Sandra Palo, menor de edad cuando se produjeron los hechos, ha vuelto a reabrir las heridas de una familia que jamás podrá mitigar su dolor. “El Rafita” fue entonces condenado a cuatro años de internamiento en un centro tutelar y a otros tres en libertad vigilada, período que ha aprovechado para seguir delinquiendo. Muy vigilado no debía estar, dicho sea de paso. Su caso salió a la luz a raíz de la terrible muerte de Sandra Palo pero, lejos de ser una excepción, puede afirmarse que hay muchos “Rafitas” sueltos por mor de la Ley del Menor. Dicha ley era defendida ayer con vehemencia por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien afirmaba que la norma en cuestión “funciona en términos generales razonablemente bien”, a la vez que tildaba la carrera delictiva de “El Rafita” y su posterior detención como “incomprensible”.

Puede que los anhelos lingüísticos del señor ministro por desterrar el castellano de Galicia y convertirla en una dictadura idiomática al más puro estilo nacionalista hagan que cometa deslices con la lengua de Cervantes, porque lo cierto es que los hechos relativos al caso “Sandra Palo”, lejos de resultar incomprensibles, se entienden a la perfección. Es aceptable que el legislador, por ingenuidad o buena intención desmedida, tuviera la intención de elaborar un texto especialmente garantista con los menores. Pero el resultado fue una ley que no disuade de delinquir a los más jóvenes, dado lo exiguo de su margen punitivo. Bien lo saben las bandas organizadas, que utilizan a menores para cometer determinados delitos, a sabiendas de que en breve estarán en la calle de nuevo. También los propios menores quienes, lejos de modificar su conducta por el efecto disuasorio de una ley eficaz, delinquen cuanto quieren porque saben que les sale muy barato.

La protección a los menores es un deber de todo Estado. Pero también lo es preservar a la sociedad en su conjunto de los individuos peligrosos, con independencia de su edad. La Constitución dispone que las penas privativas de libertad “han de estar orientadas a la reinserción y reeducación social”, exigencia ésta que habrá de extremarse en el caso de los menores. Pero lo que no parece de recibo es que determinadas conductas de especial gravedad queden prácticamente impunes sólo porque quien las lleva a cabo no ha alcanzado la mayoría de edad. Bien lo sabe la familia de Marta del Castillo, quien asiste impotente al espectáculo protagonizado por los menores implicados en su desaparición y que campan a sus anchas por Sevilla sin que sepa nada del paradero de la joven. La Ley del Menor no funciona, crea inseguridad jurídica e incita a delinquir. Es así de claro y, por desgracia, ahí está la Memoria de la Fiscalía para aportar los datos. Urge modificarla para que no vuelvan a producirse hechos tan lamentables como los anteriormente citados.