consejo de ministros
Viernes 05 de febrero de 2010
El Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley de cajas de ahorros aprobada recientemente por el Parlamento gallego. A juicio del Ejecutivo, la norma regional va "más allá" de las competencias de esa Comunidad Autónoma a la hora de determinar la solvencia y la naturaleza de las entidades de crédito regionales (en alusión a Caixa Galicia y Caixanova).
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado, al término de la reunión del Consejo de ministros, que creen "que la ley no se ajusta" a la legislación básica estatal de cajas de ahorros -la LORCA, sobre la que deben regirse las normas regionales- en cuanto a la regulación de los órganos de representación en esas entidades.
La semana pasada, el Gobierno ya reconoció que había visto indicios de inconstitucionalidad en algunos artículos de la ley gallega de cajas, por lo que solicitó un informe "urgente" al Consejo de Estado, que le fue enviado ayer al Ministerio de Política Territorial.
Según explicó en ese momento la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, la ley aprobada por el Parlamento gallego no cumplía con la LORCA. Va "incluso más allá", dijo, en algunas cuestiones como las que provocaron la presentación por parte del Gobierno en la primavera de 2009 de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, que dio lugar a la modificación de la normativa.
Entre los artículos más cuestionados estaba el que da al Gobierno autonómico poder para designar directamente a una cuarta parte de las entidades representativas en las Asambleas generales de las cajas gallegas.
Otro de los puntos más polémicos sería el que señala que las corporaciones municipales, los sindicatos, las entidades de interés general o los impositores -clientes- tengan sólo un representante en los consejos de administración de las cajas gallegas, mientras que permite al Gobierno de la Xunta contar con más.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se mostró este jueves partidario de dialogar y de reformar algún aspecto técnico o puntual de la norma y anunció que intentaría evitar "hasta el último segundo" la decisión de recurrir la Ley que ha tomado hoy el Gobierno central.
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