La soberana idiotez del Pacto de Estado

Supongo que soy uno de los cuatro españoles que consideran que los pactos de Estado son una soberana idiotez, un contradiós democrático, un decorado efectista y frívolo y un ejercicio de inutilidad práctica.

Pero, aun constatando mi opción minoritaria, la explicaré.

La democracia no es un sistema de división de poderes, sino de confrontación de poderes. No es un sistema de convivencia pasiva entre los agentes políticos, sino de vigilancia activa entre ellos, para que ninguno se desmande de su función, para que cada uno esté obligado a responder por su ejercicio, para que no se aproveche de su estatus y para que no caiga en la corrupción.

Esto sirve para los Poderes tradicionales del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Pero, dentro de éste, los poderes enfrentados son los de la mayoría que sustenta al Gobierno y la minoría en Oposición.

Si el Poder Judicial no vigila al Ejecutivo y al Legislativo; si el Legislativo no controla al Gobierno ni establece las Leyes y si el Judicial se desentiende de los actos del Parlamento y del Gobierno, no hay democracia que valga.

De la misma forma, si la Oposición no ejerce su papel de vigilancia y crítica sobre el Gobierno, aunque numéricamente no pueda ganar desde su minoría, su papel quedaría reducido a un cero a la izquierda. Y no importa que su crítica provenga de su deseo de recambio (la gula de poder, en las inefables palabras de Teresa Fernández de la Vega) o de interés constructivo para plantear alternativas. Es lo de menos. Lo de más es que haya alguien capaz de poner el aliento en la nuca del Gobierno pues, sin esa legítima persecución, éste se tornaría en dictadura encubierta.

¿Qué pinta en este sistema un pacto de Estado, además de para dar titulares o para tranquilizar conciencias?

La obligación del Gobierno es gobernar. Y la de éste de Zapatero también lo sería, en el hipotético caso de que tenga alguna idea de cómo hacerlo, especialmente en el terreno económico. Si Zapatero, que es quien maneja el BOE, quiere adoptar alguna propuesta de la Oposición, que lo haga sin más. No hace falta un ritual masónico ni una ceremonia de iniciación, ni siquiera un Te Deum colectivo, para asumir una idea.

Y, por el contrario, la obligación de la Oposición es cercar al Gobierno, mostrar sus incoherencias, marcar un cambio de rumbo, preparar su alternativa y, por supuesto, ofrecerlas a los ciudadanos. Si el Gobierno no quiere aceptarlas no es porque no haya acontecido una confluencia estelar entre los partidos, un amor fraterno nacional o una conversión colectiva en la fe común en el Estado.

Una cosa es un acuerdo concreto sobre una ley o sobre un plan de acción específico y otra simular que España está otra vez en la estética de los coros y danzas del sindicalismo vertical del franquismo.

¿Por qué se habla tanto, sin embargo, de Pactos de Estado?

Son varias las razones. La primera, que ha quedado claro que el Gobierno es incapaz de afrontar la crisis económica con eficacia, después de acumular dos años de pasividad, frivolidad y desacierto. De improvisaciones, bandazos y perplejidades.

Y, como el Gobierno no sabe como gobernar, se piensa que, con alguna compañía, podría aprender a hacerlo. Eso sí, con la evidencia de que si le echan una mano, este Gobierno puede volver a ganar las elecciones, lo que tiene su guasa.

La segunda razón es que hay instituciones económicas que tienen que navegar en el proceloso mar de los negocios que intentan, lógicamente, que la situación mejore, y les da lo mismo quien gobierne. Por ellos, como si se establece un partido único o, lo que es parecido, como si los dos principales se abrazan ante los focos nacionales e internacionales.

La tercera razón es que hay una institución moderadora y arbitral, consagrada por la Constitución, que es la Corona, a la que más bien le disgusta la confrontación política. Que prefiere el sosiego y que también ve con indiferencia qué partido gobierne con tal de que la convivencia nacional transite sin sobresaltos. Y, por lo tanto, si el Gobierno está braceando en el agua, lo razonable para la institucionalidad es que no se ahogue. Para lo que hay que buscar salvavidas en el sector económico y, de paso, en el político.

Pero miremos la realidad. Si Zapatero quiere rectificar en su política económica demagógica, indisciplinada, gastona y electoralista, que lo haga. Y si no quiere hacerlo, que no se abrace a los demás, como los boxeadores sonados en el ring. No nos venga, por el contrario, quitándose las pulgas de su incompetencia acusando a los demás, en este caso a la Oposición, de que no colabora en los intereses del Estado.

La colaboración que se le exige a Rajoy es que le explique diáfanamente a Zapatero su catálogo de errores. Y, después, éste los corregirá o no. Pero no hacerle la ola Zapatero para que haga la política económica que quiera y, si sale mal, echarle la culpa a sus ingenuos socios.
España necesita urgentemente alternativas en política económica, porque la actual nos ha llevado al borde de la bancarrota. El mayor error sería no dar a la sociedad esperanza de recuperación, ya sea por rectificación gubernamental o por un cambio de gestores políticos.
Por eso, un Pacto de Estado económico sería peor que un crimen. Un error.