Martes 02 de marzo de 2010
La conexión entre organizaciones terroristas de diversos países es algo sabido desde hace tiempo. Precisamente por eso, el auto por el que juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, procesa a varios miembros de ETA y las FARC y asegura que con ellos cooperó activamente el gobierno de Venezuela no ha sorprendido prácticamente a nadie. La sospecha de que Chávez apoyaba a la narcoguerrilla colombiana era casi un hecho irrefutable, extremo éste que al propio mandatario bolivariano tampoco parecía importarle demasiado. Quien llegara incluso a hablar de “sus hermanos de las FARC” negaba siempre la mayor cada vez que se le vinculaba a ellos. Pero en esta ocasión, una soez negativa no le bastara.
Porque si hasta ahora los testimonios provenían de Colombia, las pruebas que relacionan a Chávez con ETA y las FARC tienen procedencia española. Más concretamente, actas en las que la organización terrorista vasca detallaría reuniones en suelo colombiano auspiciadas por las fuerzas armadas venezolanas, así como la presencia de destacados etarras en altos cargos de la administración de Chávez. La información es detallada y veraz. Tanto como para que el gobierno español llamase a consultas a su embajador en Caracas y su Presidente demandase una explicación inmediata de su homólogo venezolano. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de turno de la Unión Europea, ha de tomar cartas en el asunto. Porque es intolerable que alguien que apoya y financia a organizaciones terroristas en el extranjero mientras en su propio país viola sistemáticamente los derechos humanos siga gozando de la más alta estima de gobiernos como el español.