Se necesitan legisladores

Resulta difícil a estas horas aludir siquiera a la necesidad de que un país como Argentina encare un proceso de reconstrucción que le permita gradualmente regenerar su vida pública y transitar el arduo camino del progreso. Con las imágenes que nos llegan desde Chile, que nos conmueven tan profundamente, parece en un todo inoportuno lamentarse por los infortunios de una nación bendecida por la naturaleza y que al cabo sólo carga con la cruz de sus propios desaciertos.

Por añadidura, al lado de esas luctuosas imágenes también nos llegan otras que deberían aleccionarnos y que son las que reúnen a todo el arco político chileno poniendo un paréntesis en sus discrepancias. No creo francamente que, llegado el caso, semejante desprendimiento pudiera darse en Argentina. Otra sería nuestra fama y otras nuestras expectativas si nuestros dirigentes alcanzaran ese grado de madurez.

Como quiera que sea, ¿por dónde deberíamos comenzar nuestra reconstrucción? No son ciudades, ni carreteras, ni la vida de cientos de familias diezmadas que han perdido absolutamente todo. Son instituciones, en cambio, una cultura degradada y una economía que no hace sino acrecentar el número de pobres que deambulan sin trabajo o se amontonan en nuestras “villas miseria”, aun cuando a nuestra presidenta le parezca eso un signo promisorio. (Cristina Fernández, en efecto, viene de saludar el desarrollo de la Villa 31, instalada en pleno barrio de Retiro, “que era en su origen chapería y cartón” en tanto hoy “revela también cómo ha crecido la República Argentina”.)

En medio de este cuadro, el pasado lunes fueron inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso Nacional con un oficialismo que ha quedado en minoría de resultas de los últimos comicios. Se perpetró en ese acto un nuevo atentado contra las instituciones, empezando por aquella en cuyo seno tenía lugar el discurso de la presidenta anunciando la firma de dos decretos mediante las cuales el gobierno se apropió finalmente de las reservas del Banco Central por un total de 6.569 millones de dólares. El colmo de esta verdadera defraudación, cuando ya se había arribado a un cierto consenso para que el uso de las reservas tuviera tratamiento de ley, fue que mientras la presidenta hablaba se ejecutaba el traspaso del dinero al Tesoro Nacional.

Las reservas ya no están donde debían. De todas maneras, muchos pensamos que el Congreso tendría que alzarse firmemente en defensa de sus atribuciones. Comportaría ello un mensaje esperanzador relativo a las posibilidades que tienen los legisladores de colaborar en la erección de un verdadero estado de derecho contra el cual, lo digo con pesar, nuestra propia historia y nuestra cultura conspiran. Que sepamos aprovechar esta oportunidad es algo que depende de muchos factores. Sin embargo, y sin desmerecer para nada el rol de un poder judicial que tampoco parece hallarse a la altura de las circunstancias, considero que es el Congreso, en nombre de la nación, el que debe tomar la iniciativa y ponerse de pie.