Los pactos de la democracia y el improbable consenso de Zurbano

El Pacto Constitucional

Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, de UCD; Manuel Fraga, de Alianza Popular; Gregorio Peces-Barba, del PSOE; Jordi Solé Tura, del partido Comunista, y Miguel Roca Junyent, de CiU, redactaron el anteproyecto de la Constitución Española, fruto de un acuerdo en el que todas las partes tuvieron que estar a la altura del reto que planteó la historia, muerto Francisco Franco y con el difícil propósito de cerrar heridas y abrir una senda de comunión y democracia con mayúsculas. Las Cortes abrieron un periodo que requería cintura política y aún no exento de peligros.

Los Pactos de la Moncloa

1977. Adolfo Suárez quiso contar con los principales partidos con representación parlamentaria, con los empresarios y con el sindicato Comisiones Obreras –UGT rechazó el acuerdo- para que rubricaran la confirmación de un entendimiento generalizado entre estos agentes en el marco de la transición hacia un sistema democrático y para diseñar una política económica que contuviera una inflación del 47 por ciento. Fruto de los Pactos de La Moncloa se acordó modificar las restricciones de la libertad de prensa, se aprobaron los derechos de reunión o de asociación política o se creó el delito de tortura, entre otros. En el terreno económico, se reconoció el derecho de asociación sindical, se marcó un límite de incremento en los salarios o se reconoció el despido libre para un máximo del 5 por ciento de la plantilla de las empresas. Un pacto eminentemente político, a pesar de lo anterior, y envuelto en el miedo a un golpe a la democracia. No tardaría en suceder.

El 'pacto del capó'

El 23-F hizo temblar los pilares democráticos; su fracaso los reforzó. Los infortunados protagonistas huyeron del Congreso de los Diputados no sin antes asegurarse de que sus actos no serían castigados. Sobre el capó de un jeep, el teniente coronel Tejero y el general Armada firmaron un documento que eximía de responsabilidad desde el teniente hacia abajo en la escala. Era 24 de febrero de 1981. Mientras, los guardias civiles que habían irrumpido en el Congreso lo abandonaban por las ventanas. El 'pacto del capó', el de la rendición de los golpistas, puso fin a un episodio clave en la Transición.

El Pacto de Ajuria Enea

Las fuerzas democráticas en el País Vasco firmaron, el 12 de enero de 1988, el compromiso de luchar contra el terrorismo y proteger los valores de convivencia que promulgaba la Constitución y el propio devenir socio-político en España. Ya entonces, al igual que ahora, se apelaba a un esfuerzo superlativo de las Fuerzas de Seguridad y a la colaboración internacional. Por último, el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, el de Ajuria Enea, abrió como posible la vía del diálogo con quienes desearan abandonar la violencia, principio que, al menos de momento, parece agotado a fuerza de haberlo consumado en varias ocasiones sin éxito.

El Pacto de Toledo

Cualquier retoque en el sistema de pensiones, como el planteado recientemente con la ampliación de la edad de jubilación, requiere de la convocatoria del Pacto de Toledo, cuyo texto, referente al "análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse", aprobó el Congreso el 6 de abril de 1995. En las últimas bocanadas de la última legislatura de Felipe González, mermado por la inestabilidad política y la alarmante situación económica del país, los convocados rubricaron un paquete de medidas para reducir la presión a la que estaba sometido el presupuesto de la seguridad social. La edad de jubilación se estableció en 65 años. El Gobierno de Rodríguez Zapatero es favorable a que se fije en los 67.

El Pacto Antiterrorista

Prácticamente equidistante entre Ajuria Enea y el momento actual, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo parecía significar una sólida plataforma política para acabar con Eta, la rúbrica de un consenso inquebrantable para el fin del terror. El 8 de diciembre de 2000, además, PP y PSOE establecieron clausulas para no utilizar el terrorismo como arma arrojadiza. La negociación del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, propulsor del Pacto, con la banda asesina en su primera legislatura encontró la oposición innegociable del ya PP de Mariano Rajoy, la división de los dos grandes partidos, el avance de Eta durante la supuesta tregua. El fin del Pacto.

El Pacto Antitransfuguismo

Dos años antes, las principales formaciones del país firmaron el 'Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales', salvaguardado por los distintos ministros de Administraciones Públicas hasta la creación de la cartera de Política Territorial. Más de 500 casos han llegado a la Comisión de Seguimiento del Pacto y una tercera parte de ellos han sido confirmados y, por tanto, condenados. "Los partidos se comprometen a rechazar y no admitir en su grupo político a un concejal integrado en la candidatura de otra formación, mientras mantenga el cargo conseguido en su partido original", dice su articulado. Todos los firmantes han violado en alguna ocasión lo pactado y el transfuguismo sigue siendo una práctica habitual en numerosas localidades españolas.

El Pacto del Tinell

Hay pactos con integrantes cerrados a priori, otros incluyentes y otros excluyentes. El del Tinell, "para un Gobierno catalanista y de izquierdas en la Generalitat de Cataluña", suscrito el 14 de diciembre de 2003 por PSC, ERC e ICV-EUiA, impedía el gobierno a CiU, lista más votada en las urnas, e ignoraba al PP de Josep Piqué, solo, en evidente minoría y sin voz ni voto en el Parlament. El primer punto del acuerdo prometía la elaboración de un nuevo Estatuto Autonómico, aún sin resolver, y añadía una cláusula en un anexo por la que quedaba fuera de toda opción cualquier acuerdo en la legislatura con el PP, tanto en la Cataluña como en el ámbito estatal.

Léalo en el número 7 de EI, la revista de EL IMPARCIAL.