Domingo 07 de marzo de 2010
Justicia y ruido mediático nunca han casado bien. A eso se refería el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, cuando apelaba a la prudencia con la que han de conducirse todos aquellos que trabajan directa o indirectamente en tribunales. En dicho mensaje, muchos entendieron -con bastante razón- una llamada de atención al juez Garzón, cuyo afán de protagonismo es público y notorio. De ahí que su reacción ante las tres causas que tiene abiertas en su contra haya generado una considerable expectación. Y eso no es bueno.
No lo es, porque la respuesta de Garzón a sus encausamientos penales trasciende lo meramente jurídico para adentrarse en la esfera de lo político, e incluso de lo personal. Sostiene el juez de la Audiencia Nacional que hay una campaña orquestada en su contra. En dicha campaña estarían el Tribunal Supremo, el Constitucional, el Consejo del Poder Judicial -incluidos algunos magistrados de sus mismas ideas políticas- el PP, varios medios de comunicación y sabe Dios quién más. Con todos los respetos hacia Su Señoría, nadie es tan importante como para concitar semejante unanimidad.
Independientemente de otras consideraciones, el juez Garzón es un hombre valeroso a quien no le ha temblado el pulso a la hora de encausar a personas y organizaciones peligrosas y poderosas porque cree que nadie está por encima de la ley. Tiene razón. Nadie: él tampoco. Fuera de la antipatía que puedan despertar algunos querellantes o de la sospecha de que en el ánimo de otros alienta un espíritu retributivo, el problema con que se enfrenta el señor Garzón -como el de todos en su caso- es estrictamente jurídico: la ley y su aplicación por sus pares. Por la misma regla de tres, tampoco es válido el argumento de “la justicia soy yo”. Porque decir que parte de los supuestos ataques que sufre van destinados a apartarle de la trama “Gürtel” supone un arrebato de megalomanía poco razonable. Eso, o un desconocimiento de los conceptos jurisdiccionales más básicos: un sumario no pertenece en exclusiva a ningún juez, sino que éste o cualquiera se limitan a instruirlo, para que otro lo juzgue después. Con o sin Garzón, la trama “Gürtel” y el resto de causas que se ventilan en los tribunales de justicia españoles seguirán su curso, con independencia de las personas que trabajen en la administración de dichas causas.
Hay muchos jueces en España, y muy pocos son conocidos. Hacen su trabajo lo mejor que pueden y procuran vivir alejados de un ruido mediático que lo único que conseguiría es entorpecer su labor. No dan conferencias en el extranjero sin declarar sus emolumentos. Conocen que hay una Ley de Amnistía. Una ley, por cierto, pensada y redactada en su momento para liquidar procesos y antecedentes que pesaban injustamente sobre muchos demócratas a la salida de la Dictadura, conviene recordarlo. Una ley cuyo contenido y propósito era precisamente ese: amnistiar y pasar página. De ahí que no se deba procesar a nadie por hechos pasados relacionados con la Guerra y posguerra: a nadie, tampoco a gente vinculada al franquismo. Lo contario, sería tanto como ignorar una ley vigente o dictar una resolución a sabiendas de que es injusta -esto es, prevaricación-. Precisamente porque conocen la ley, los jueces saben que las comunicaciones entre un detenido y su letrado no se pueden intervenir, salvo en casos de terrorismo; de hacerlo, se estarían saltando la ley. Y sobre todo, esos jueces discretos no se asoman cada día a medios afines para pontificar sobre todo y sobre todos, lo cual es perfectamente legal, aunque inconveniente y poco recomendable para el ejercicio de esa profesión. Garzón no puede decir lo mismo. Y en el pecado lleva la penitencia. Por eso debe soportar críticas con la paciencia de todo personaje mediático, lo cual en modo alguno debe desvirtuar su derecho a enfrentarse a los procesos que pesan sobre sus actuaciones con todas las garantías que la ley arbitra, pero sin necesidad de montar circos mediáticos instalando ventiladores conspirativos.