Domingo 14 de marzo de 2010
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la semana pasada un fallo ante una acción promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La disputa comenzó con la reforma al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Fiscalía), la cual establecía que sólo se podría proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando no se pusieran en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de las personas. La CNDH impugnó la reforma mediante un recurso de inconstitucionalidad por considerar que la decisión de dar información sería meramente discrecional, impidiendo de esta manera investigar violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios de la Procuraduría.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia validó la reforma de la Procuraduría General de la República (PGR), considerando que no se vulneran los derechos establecidos en la Constitución. La CNDH lamentó la decisión, al igual que la organización Human Rights Watch para América (HRW), cuyo presidente comentó que las personas pueden quedar indefensas ante abusos de las autoridades. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado el fallo argumentando que la protección de los ciudadanos se limita de esta manera.
La discusión sobre el acceso a la información y la postura de las diferentes instituciones, pone de manifiesto que en México aún falta mucho en materia legislativa en cuanto a transparencia y derechos humanos. También refleja por otro lado la desconfianza entre autoridades y de los ciudadanos a éstas. Durante mucho tiempo la PGR ha sido vista por la población como una entidad corrupta y cuyos miembros han abusado de su autoridad en frecuentes ocasiones. Es cierto que se han llevado a cabo acciones con el fin de combatir dicha corrupción al interior de la institución, pero queda mucho por hacer y así mejorar su imagen. En cuanto a la Comisión de Derechos Humanos, la decisión de la Suprema Corte contribuye a la idea que muchos mexicanos tienen de que no sirve para mucho y, por tal motivo, no se denuncian y persiguen todas las violaciones a los derechos. Es indispensable combatir la corrupción, pero también crear un saludable equilibrio de poderes y una clara supervisión de las actuaciones de las autoridades. Sólo así se fortalecen las instituciones y mejora la calidad de la democracia.