Lista de agravios

El principio de separación de poderes ha llorado sin parar en esta última legislatura. Su reiterado paso por la UVI le ha debilitado tan agudamente que sólo le queda la amargura, en la inquietante espera de un nuevo mandato que proceda a restablecerlo como principio estructural del Estado Democrático de Derecho. Ni Locke ni Montesquieu, pero tampoco los actores de la transición política española podían imaginar que fuera tan frívola y tan impunemente pisoteado. Aunque los márgenes de esperanza adelgazan a un ritmo vertiginoso, por más que nos tachen de ingenuos, hemos de agarrarnos a la ilusión de una nueva regeneración democrática que vuelva a reconocer su imprescindible centralidad al principio de separación de poderes.

La relación de agravios es tan abultada que cuesta hacer memoria. Comienza con la "toma" a la carrera de los organismos reguladores con la finalidad de que no se separaran ni un milímetro de las directrices del Gobierno. Continúa con la ofensiva contra el órgano de gobierno del Poder Judicial, el CGPJ, modificando las reglas establecidas desde 1985 para la adopción de acuerdos mediante una Ley Orgánica aprobada a toda velocidad (por lectura única), y como claro castigo a su voluntad insumisa de no someterse a las pautas que del mismo se esperaban.

De otro lado, el innegable interés del Gobierno en que el Tribunal Constitucional no llegara -a pesar de los casi dos años transcurridos desde su interposición- a resolver el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, ha conseguido prevalecer sobre cualquier otro; el recuerdo del breve diálogo en el último desfile de las Fuerzas Armadas entre la Presidenta del Tribunal Constitucional y la Vicepresidenta del Gobierno, sencillamente enrojece. Esta última, por cierto, se permitió la licencia de asegurar, tras la impugnación del Gobierno ante el Tribunal Supremo, de las candidaturas de ANV, para las presentes elecciones, que había un cien por cien de que prosperara, como si el Judicial fuera la longa manus del Ejecutivo. En fin, y ya por terminar, el dardo envenenado del Pleno del Tribunal Constitucional al Fiscal General del Estado, por sus críticas a la sentencia de los Albertos, sitúa a éste en la órbita del Ejecutivo, que es el que le nombra, por mucho que reivindique su autonomía, orgánica y funcional, por mucho que le escueza, el Alto Tribunal coloca la Fiscalía General como órgano gubernamental, aunque sui generis.