Albert Rivera | Martes 23 de marzo de 2010
La semana pasada se cerró la última ronda de comparecencias sobre la Iniciativa legislativa popular que pretende prohibir las corridas de toros en Cataluña. Es el penúltimo capítulo de un proceso surrealista con ciertos aires folklóricos. Sin ir más lejos escuchamos el último día a dos matadores de toros, el experimentado Francisco Esplá y el joven torero catalán Serafín Marín, como defendían y pedían una reflexión a los diputados que quieren prohibir, por ley, su profesión y su afición. También tuvimos que oír al Portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Portabella, que explicaba el sufrimiento animal de los toros en la Monumental mientras sus colegas independentistas y los cargos públicos de CIU en las Alcaldías de las Tierras del Ebro y en el Parlamento consideran que los toros “embolaos” -los llamados correbous- son patrimonio y símbolo de la identidad catalana. Todo un ejercicio de hipocresía política el de los representantes de ERC y CIU.
Respetando profundamente a aquellos ciudadanos que cuestionan la fiesta taurina por el maltrato que sufren los toros- yo no soy aficionado a los toros y es muy duro ver cuando el animal se desangra en la plaza-, que según las encuestas son mayoría entre la población española, el debate político no es si nos gustan o no las corridas de toros, o si sufren o no los animales, si no si debemos prohibirlos por ley, y además curiosamente en Cataluña. Digo curiosamente porque conozco y sufro las envestidas del nacionalismo y de sus políticas identitarias, y es flagrante que si se ha introducido este debate en Cataluña y no en otra comunidad autónoma es porque, estratégicamente, los prohibicionistas saben que la única comunidad autónoma donde pueden encontrar, hoy por hoy, una mayoría parlamentaria que prohíba los toros por considerarse un símbolo común de la cultura española es en mi tierra. Si el primer debate sobre la prohibición de los toros se hubiera llevado por iniciativa legislativa popular a la Comunidad de Madrid, Aragón, Andalucía o la Comunidad Valenciana es evidente que no hubieran encontrado a los nacionalistas de turno que compraran la idea de expulsar por ley las corridas de sus respectivas comunidades.
Pero a pesar de que este no es el objetivo de las plataformas animalistas, para Iniciativa-Verds, ERC, CIU y una parte del PSC expulsar los toros es un trámite más en la guerra identitaria desatada contra todo aquello que recuerde que Cataluña forma parte de España. La prohibición del uso del castellano, como lengua de enseñanza, no deja de ser otra expulsión por ley, en este caso de la lengua oficial del Estado y paradójicamente mayoritaria en las calles catalanas y en la vida privada de los catalanes. La voluntad de tener selecciones deportivas catalanas que se puedan enfrentar a las selecciones españolas, el cambio del modelo territorial provincial español a un modelo “propio” de Veguerias - una unidad territorial feudal con origen en el S.XII- que derogue las cuatro provincias catalanas, los intentos de referéndum sobre la independencia o las sanciones a los comerciantes que no rotulen en catalán, no son más que ejemplos de la obsesión del nacionalismo catalán hacia la diferenciación que justifique su nación para la posterior separación del conjunto de España. En su lógica, cuanto menos se parezca Cataluña al resto de España más cerca está la independencia.
Pero creo que esta vez los nacionalistas han calculado mal sus fuerzas y han leído mal el escenario político. Una batalla que sobre el papel y las encuestas tenían ganada, teniendo en cuenta que los aficionados taurinos son una minoría entre la población y a una mayoría no les gustan las corridas de toros, la están perdiendo en las últimas semanas por las formas y por el momento. Las declaraciones de algunos comparecientes comparando la ablación del clítoris o el maltrato a una mujer con las corridas de toros, han evidenciado la absoluta e inaceptable equiparación jurídica que algunos antitaurinos hacen entre animales y personas, junto al cansancio existente en la población catalana de tanto prohibicionismo e intervencionismo en los últimos años de tripartito, sumado a la sensación de que el catalanismo político se preocupa más de prohibir los toros que de sacar a Cataluña de la crisis o de gestionar las nevadas o los cortes eléctricos que sufren los ciudadanos ha ido girando la tortilla y eso hace que algunos deberán hilar muy fino para decidir su voto. Habrá que ver si CIU y PSC quieren pasar a la historia como los partidos que prohibieron por ley esta tradición, profesión y afición. Y si finalmente lo hacen ¿qué legitimidad tendrán para negar la prohibición de tradiciones o deportes como la pesca, la caza, las fiestas con fuegos artificiales, el circo con animales, el boxeo o cualquier otra afición cuestionable desde el valor absoluto del sufrimiento o la salud humana o animal?
Nosotros en Ciudadanos lo tenemos claro: debe ser la sociedad y en definitiva los ciudadanos, a través de la evolución de nuestros valores y el propio mercado quienes decidan el futuro de los toros en nuestro país. Cuando hay varios valores, parámetros o derechos que chocan a la hora de tomar una decisión política, ante la duda hay que escoger siempre la libertad de las personas.
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