Con el auge del bipartidismo, que se sirve de los nacionalistas para sacar adelante sus iniciativas, y la entrada en escena de partidos minoritarios, que no obtienen la representación proporcional a sus votos, las voces que reclaman una reforma de la Ley Electoral han cobrado protagonismo. El propio informe que el Gobierno encargó al Consejo de Estado sobre este asunto recomienda corregir la desproporcionalidad actual, como propugnan IU y UPyD. Además, el asunto sobre el peso político de los partidos nacionalistas en el Congreso también se cuestiona.
En los últimos días, la subcomisión del Congreso de los Diputados que debate una modificación de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) ha cerrado las propuestas que los Grupos parlamentarios han ido presentando. "Al no encontrar acogida", según las formaciones mayoritarias, no se han incluído las propuestas de los partidos minoritarios, que abogan por que se sigan las recomendaciones del Consejo de Estado de enero de 2009 en las que se instaba a la Cámara Baja a mejorar la representatividad del Congreso de los Diputados.
Otro tema a debate es el peso político de los partidos nacionalistas. Nadie duda de la constitucionalidad de éstos. Sin embargo, ¿no es cierto que cada vez que el partido gobernante necesita sacar adelante alguna cuestión para la que no cuenta con grandes apoyos busca los votos de las formaciones nacionalistas que consiguen, en muchos casos, contrapartidas para las provincias que representan?
A la contra, las formaciones minoritarias que concurren a los comicios en todo el territorio nacional se quejan de que mientras partidos como CiU o PNV, que consiguen la mayoría de los votos en las circunscripciones en las que se presentan,
se hacen siempre con más escaños que partidos más votados en todo el país como IU o UPyD. También ocurre en circunscripciones con pocos escaños que PP o PSOE copan los diputados designados dejando sin opciones a los partidos minoritarios.
Esto desemboca en una situación de
dependencia de los partidos mayoritarios con respecto a los nacionalistas, que superan a las minorías en número de diputados. Por ello, cuando el partido gobernante necesita sacar adelante una ley para la que no cuenta con los votos de la oposición necesita apoyarse en los nacionalistas que, en algunos casos, reciben contrapartidas para sus comunidades en detrimento de las regiones que no cuentan con representación nacionalista en la Cámara Baja.
El sistema electoral español
premia a las formaciones políticas que más votos obtienen en una determinada circunscripción y excluye a las minorías, que pierden los votos obtenidos sin poder computarlos junto a los otros restos obtenidos en otras provincias.
Los partidos lo tienen claro sobre este asunto y ni siquiera se han propuesto promover este tipo de reformas en la Comisión del Congreso que estudia la reforma electoral, ya que las fórmulas electorales no van a cambiarse, en principio. Ante ello, IU y UPyD han acusado al resto de partidos de
"tumbar" y "tirar a la basura" el informe del Consejo de Estado.
Por ello, los discursos de los partidos minoritarios centran sus pretensiones estos días en una reforma de la Loreg que les permitiría con distintas fórmulas mejorar su representatividad.
Propuestas de IU y UPyDDesde IU y UPyD se aboga por reformar la Loreg para conseguir un mayor número de escaño y, por lo tanto, un mayor peso político en el Congreso
-IU es la tercera fuerza política más votada y la sexta en número de escaños-. También pretenden evitar la sobrerrepresentación y la subrepresentación de algunas provincias, evitando que partidos menos votados obtengan más escaños que otros con más apoyo popular. Mientras a los partidos mayoritarios el escaño les costó unos
66.000 votos en los últimos comicios, a otros como UPyD su única diputada les costó
300.000 votos.
Sin embargo, el coordinador electoral del PP,
José Antonio Bermúdez de Castro, recrimina en este diario que "es un sistema electoral de todos que no puede hacerse a la medida de un partido" y que, por tanto,
debe haber consenso para realizar las modificaciones y para el asunto de la fórmula electoral, no lo hay.
Desde el PSOE se ha reconocido a
EL IMPARCIAL que "no hay furor por el cambio de la circunscripción", aunque han comentado que algunos socialistas sí abogan por esta vía. Además, han asegurado que a ellos
"les perjudica más que al PP" el actual sistema, puesto que "en las provincias con tres diputados pierden muchos votos" y no les vendría mal la opción propuesta por IU.
Tanto PP como PSOE coinciden, además, en que el problema es el discurso con el que IU ha planteado la cuestión que, a su juicio, ha centrado en sus resultados electorales y no en mejorar el sistema electoral. Además, consideran que IU no puede achacar su escasa representación a la fórmula electoral, sino a su política.
Como ejemplo, Bermúdez de Castro ha comentado que en uno de los últimos sondeos en los que las previsiones daban a IU un 20 por ciento más de votos, estos triplicaban su representación.
"Es el sistema, en unos casos beneficia y en otros perjudica", ha matizado el popular que ha destacado que el sistema electoral es y tiene que ser "un tema de consenso".
Desde IU y UPyD, las opciones propuestas para mejorar la representatividad son las incluidas en el informe del Consejo de Estado y pasan por que la
circunscripción cambie de provincial a regional, con lo que ellos tendrían más fácil conseguir un número de escaños más acorde a los votos que reciban. Si se introdujese esta modificación, habría que reformar la Constitución, con lo que, de momento, esta opción está prácticamente descartada por el resto de grupos parlamentarios.
El otro cambio propuesto para mejorar la representatividad, en principio, no conllevaría una reforma de la Carta Magna. Consistiría en la
creación de una circunscripción estatal -como en las elecciones europeas-, donde irían a parar los votos sobrantes de las provincias donde las formaciones no han obtenido escaños.
Esos votos se repartirían, bien
ampliando a 400 el número de diputados -posibilidad que se contempla en la Constitución- o disminuyendo de dos a uno el número de escaños que cada provincia tiene como mínimo de forma obligatoria. Con esta segunda propuesta, se pasaría de repartir 248 escaños por población a 298 de los 350 diputados.
La coalición de izquierdas centra la justificación para estos cambios en que "si repitieran los resultados electorales de 1996, sería imposible sacar los mismos resultados en escaños" por el aumento de población, puesto que creen que "a mayor número de electores, menos proporcionalidad". El informe del Consejo de Estado de enero de 2009 que el Gobierno encargó sobre este asunto recomienda la mejora de la representatividad adecuando las fórmulas electorales y el sistema.
También se propone un
cambio en la fórmula electoral utilizada -que es la ley D'Hondt-, ya que a juicio de
David Ortega, miembro del consejo de dirección de UPyD, "es la menos proporcional" de las existentes, puesto que comienza a ser proporcional a partir de nueve escaños, según ha explicado a
EL IMPARCIAL.
A pesar de estas propuestas, el coordinador electoral del PP ha considerado que "no es apropiado rebajar el número de diputados por circunscripción por el factor de
integración territorial, ya que podría llevar a algunas provincias a sólo tener un diputado, por lo que esa doble representación de población y territorio (en la fórmula electoral) es muy apropiada y sigue teniendo validez".
En cuanto a la ampliación del número de escaños, José Antonio Bermúdez de Castro ha explicado que no es el mejor momento para proponer esto por el incremento de gasto que supondría y ha dicho que la ampliación
"sólo sería justificable por razones de mayor trabajo parlamentario". Bermúdez de Castro ha comentado que para el aumento de población lo que se hace es, antes de cada proceso electoral, repartir de nuevo los 248 escaños asignados por población, con lo que no por más habitantes habría que tener más diputados.
Sin embargo, David Ortega ha explicado a este diario que
"a más diputados, mayor proporcionalidad", con lo que "es de sentido común no tirar por la borda 50 diputados". Ortega cree que "se paraliza" a los nuevos partidos que quieren entrar y por ello dice "que
se está tomando el pelo a los españoles".El PP ha salido al paso, además, de las afirmaciones en las que se alegaba que si se cambiase la fórmula electoral, con el consiguiente incremento de escaños de IU, no sería posible un gobierno de derechas. El PP cree que esto es falso y explica que si IU consiguiese más escaños sería en detrimento del PSOE, ya que cuando la formación de izquierdas ostentaba el 10 por ciento de los votos, los socialistas no estaban en torno al 40 por ciento actual. "Al PP le vendría bien", han considerado.
Sin embargo, a juicio de IU, el sistema les beneficia claramente, puesto que si el reparto fuera proporcional al número de votos, ellos deberían tener 14 escaños, y no dos, por lo que los 12 que no le son asignados se los reparten a partes iguales los dos partidos mayoritarios.
En el caso de UPyD, la formación podría multiplicar hasta por cuatro su único escaño, con lo que habría hasta 16 escaños que perderían PP y PSOE en total, de no ampliarse el número de diputados del Congreso.
Por último, Bermúdez de Castro ha dicho que
"cuando se invocan unos principios, se invocan para todo lo demás, no sólo para la norma que te perjudica" y ha puesto como ejemplo los tiempos de intervención en el Congreso, que son los mismos para los partidos más votados y para los menos votados, sin corresponderse con la representatividad.
En cuanto al peso político de los nacionalistas en el Congreso, PP y PSOE no se han planteado cambiar la circunscripción para restarles importancia a estas formaciones. Es más, desde IU aseguran que las fórmulas que han buscado en pro de las formaciones minoritarias no afectarían a la actual representatividad de los nacionalistas.
El coordinador electoral del PP ha explicado que con la fórmula actual "se evitó una excesiva atomización" y
"da estabilidad y propicia la gobernabilidad y el pluralismo". Además achaca a que si esto fue lo que se consensuó en su momento hay que aceptarlo, ya que "no puede imponerse un sistema electoral porque sería un gravísimo error, tiene que ser objeto de unanimidad, no de mayorías".
Por su parte, David Ortega ha considerado que el actual sistema no perjudica a los nacionalistas, pero ha comentado que desde UPyD abogan porque en el Congreso sólo se debatan los temas de interés general. "El artículo 69.1 de la Constitución dice que el Senado es la Cámara para la representación de los intereses territoriales, pero el Senado no funciona como debería", ha explicado.
"Un Estado Federal solucionaría el problema" y en el Congreso estarían los grupos que velan por los intereses generales, ha considerado Ortega, que ha matizado que "entiende los hechos diferenciales de algunas regiones, pero esto hay que discutirlo en su sitio".