"No puede ser que te multen por hablar el idioma de tu país". Con esta afirmación, Feliciana Piris ha denunciado que fue multada en febrero de 2009, tras haber cambiado los letreros principales de su negocio al catalán, por mantener cuatro carteles menores en castellano. A la espera de la resolución de los dos recursos que Piris impuso, esta catalana natural de Cardona se plantea seguir el ejemplo de Manuel Nevot y recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Si el caso de Manuel Nevot llamó la atención hace unos días
al interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por ser multado por no cambiar los rótulos de su inmobiliaria al catalán, hay muchos otros muy parecidos que nos dejan asombrados y que han aumentado en los últimos meses.
Feliciana Piris es la dueña de la mercería
Blau Marí que tuvo que cambiar el nombre de su negocio (Azul Marino) al catalán tras la instauración de la imposición lingüística que la Generalitat catalana ha llevado a cabo en los últimos años.
Tras los dos recursos interpuestos y a la espera de su resolución, Piris ha explicado a
EL IMPARCIAL que aboga por presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional una vez que se resuelvan, ya que "una cosa es cobrar el dinero de las multas y otra, quitarnos derechos".
La comerciante
se siente perseguida en pleno siglo XXI y alude a que si más de 500 millones de personas hablan castellano en todo el mundo, hay que defenderlo.
"No puede ser que te multen por hablar el idioma de tu país", ha considerado Piris.
Hace unos años, la dueña de la mercería prefirió
cambiar el idioma del nombre de su negocio para evitar problemas. Sin embargo, éstos llegaron. En febrero de 2009, Piris recibió la inesperada visita de una inspectora de la Oficina de Consumo. Esta señora le recriminó que no podía mantener en castellano el sufijo "lanas y telas, etc." del cartel principal y que no estaba permitido tener en el interior de la tienda los carteles de 15 centímetros en los que se podía leer
"prohibido fumar", "los hilos no se cambian" y "ofertas de retales a cinco euros".
La inspectora, que estuvo haciendo fotos sin pedir permiso, impuso a Piris
una multa de 1.200 euros que la comerciante se negó a firmar. "No me negué a cambiar el rótulo, pero no voy a pagar nada porque el letrero lo puse hace 22 años y estoy en mi país", alude Piris cuando recuerda el suceso.
Además, Feliciana Piris ha explicado que la inspectora la amenazó con que "en dos meses irían a ver los cambios y, si no había ninguno, le pondrían una 'buena' multa", con lo que no les quedó otra que
tapar parte del letrero principal y quitar los carteles que estaban dentro en castellano.
"El 80 por ciento de mis clientes habla en castellano, muchos son emigrantes andaluces, gallegos, etc.", ha comentado la comerciante, que asegura que "en los comercios la clientela te habla como sea, sin problemas".
Sin embargo, con el paso de los meses la historia se fue complicando aún más. La sanción que tenía que haber recibido antes del verano llegó el 4 de agosto de 2009, con el establecimiento cerrado y con Felicidad Piris en plena baja de un año por una enfermedad.
La sorpresa fue al abrir la multa. En el interior se aludía a que
un vecino la había denunciado en 2008. "No es verdad, nadie te denuncia por hablar en castellano", ha comentado Piris, que ha acusado a la asociación independentista
Catalunya Acció, liderada por
Santiago Espot, de ser la responsable de estas denuncias ciudadanas.
No son de extrañar las palabras de Feliciana Piris, después de las declaraciones de Espot en febrero de 2010 en
Canal Català TV, en las que reconocía que su asociación
había puesto "3.000 denuncias haciendo uso de un derecho que nos confiere la ley".
Aún así, mientras la Administración catalana sigue con su cruzada contra el castellano, muchos otros negocios de inmigrantes continúan con sus letreros en
euskera, chino, inglés o árabe. La dueña de
Blau Marí ha dicho que en su barrio hay más miedo que antes a las multas.
"Ahora hay más presión y la gente está cambiando los letreros de sus negocios, además, hay miedo en el barrio porque nadie quiere meterse en procesos judiciales, que cuestan dinero", ha considerado Piris.
Además, la comerciante ha explicado a este diario que conoce a "un montón de gente que ha pagado hasta 3.200 euros de multas", ya que
en Cataluña "el castellano es como una lengua extranjera y estoy segura de que esto no es legal".Por último, Feliciana Piris ha comentado que tendrá que cerrar su negocio una vez que se incorpore tras su enfermedad. "Con un año de baja, con los impuestos y con las multas, voy a tener que cerrar" pero
"me voy a dedicar totalmente a esta causa porque debe ser ilegal que estando en mi país tenga que hablar la lengua que quieran otros, es el colmo".