María Cano | Domingo 04 de abril de 2010
Apuesto a que más de uno no pega ojo la víspera del lunes de Pascua. En algún momento del 5 de abril, el juez Pedreira levantará el secreto sobre casi todas las actuaciones referidas al "caso Gürtel". O lo que es lo mismo, 50.000 folios hasta la fecha silenciados por orden del juez, que recogen lo investigado en el último año sobre esta trama de corrupción, verán la luz. Sólo permanecerá oculta, de momento, la información correspondiente a las 15 comisiones rogatorias enviadas hace unas semanas a Estados Unidos, Reino Unido, Mónaco, Suiza y Panamá con el fin de averiguar si Francisco Correa evadió una considerable fortuna en dichos países o no.
Se desconoce aún si aumentará o disminuirá el número de imputados (se esperan peticiones de nulidades por pruebas basadas en las escuchas ilegales), si esos miles de folios revelarán nuevos escándalos o si, por el contrario, echarán por tierra teorías conspiratorias previas a la revelación de dicha información. Lo que es seguro es que si los primeros 17.000 folios (instruidos por el juez Garzón), que se hicieron públicos el pasado mes de septiembre levantaron ampollas en el PP, estos 50.000 (cuyo levantamiento del secreto de sumario ha sido pospuesto por el juez en numerosas ocasiones), mantienen en vilo a implicados, allegados, compañeros de partido e, incluso, por qué no reconocerlo, a sus rivales socialistas, que acechan con la misma inquietud ansiosos por leer el contenido de las investigaciones para usarlo como munición durante semanas o meses.
De eso se trata, en términos políticos. La Justicia debe actuar de forma implacable con quienes se mueven al margen de la Ley aprovechándose de la confianza y del dinero ajeno. Cueste lo que cueste. Lo insultante y desagradable hasta el vómito es asistir al circo político donde depredadores, unos y otros, se baten el cobre derrochando ganas, energía, imaginación y recursos de los que no hacen gala cuando se trata de solucionar asuntos mucho más preocupantes para el grueso de la ciudadanía como sacar de la UCI a nuestra maltrecha economía o conseguir aligerar la alarmante cifra de parados en nuestro país.
Son los jueces quienes deben investigar, actuar y, en su caso, castigar a quienes corresponda. El resto, los políticos de uno y otro signo, de Madrid, La Rioja o Monteagudo de las Salinas deberían dedicar cada minuto de su tiempo a cumplir el cometido para el que han sido elegidos como depositarios de nuestra confianza. Pero esto es España, señores, y una vez más seremos testigos de cómo los grandes asuntos quedan relegados a un segundo plano para servirnos una lucha sin cuartel de acusaciones mutuas, reproches e indignidades.
Tras escuchas ilegales, filtraciones imperdonables y otras muchas irregularidades que comprometen no sólo las actuaciones presentes, sino el conjunto de uno de lo poderes en los que se asienta nuestra democracia, gladiadores, bufones y artistas del alambre ensayan a estas horas sus mejores números mientras la Justicia, en cama y con fiebre desde hace demasiado tiempo ya, se frota los ojos para tratar de enfocar los 50.000 folios que repasa una y otra vez antes de darlos a conocer. Que empiece la función.
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