Opinión

Zapatero y su idea de España en clave electoral

Viernes 09 de abril de 2010
El artículo 146 de la Constitución Española dispone que “en ningún caso se admitirá la federación de las comunidades autónomas”. Un poco antes, el 137 habla de cómo será la organización territorial: de acuerdo con un principio jerarquizado, “el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan”. Una de las ventajas de la Carta Magna española es la excelente redacción de algunos de sus preceptos y los dos anteriormente citados son buena prueba de ello. De ambos caben inferirse dos cuestiones incuestionables; primero, no es admisible constitucionalmente la existencia del federalismo; y segundo, el escalón más alto a nivel de jerarquía lo ocupa el Estado, del que penden -en este orden- Comunidades Autónomas, provincias y municipios. En base a dicha jerarquización, no cabe bilateralidad alguna, pues ésta sólo es posible inter pares, y el único par de un Estado es otro semejante.

Todo lo cual no parece tener una complicación jurídica excesiva. Por eso mismo, extraña que José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, presidentes del Gobierno de España y de la Generalidad de Cataluña respectivamente, glosen en un libro las bondades del estado federal y defiendan las relaciones bilaterales entre Cataluña y España como vía para profundizar en el actual modelo autonómico. Si la ignorancia es atrevida, he aquí un ejemplo palmario. Con ideas semejantes se entiende mejor el tremendo desafuero que suponen textos rupturistas del estilo del Estatut, de facto una fractura total del Estado tal y como actualmente se concibe.

Como casi todo, cualquiera de las dos proposiciones antes aludidas es perfectamente defendible. En teoría. Ahora bien, si se quiere llevar a la práctica, hay que cambiar la Constitución: algo también posible pero sujeto a un procedimiento perfectamente regulado en la ley de leyes. Lo otro es una ruptura. Lo peor, además, es que dicha ruptura es producto de una astucia electoral para descolocar al partido rival en las comunidades con fuerte voto nacionalista, rompiendo con ello el pacto constituyente con el principal partido de la oposición en lo que respecta a la organización territorial del Estado, clave de la Transición. Y, claro, si dicha ruptura viene auspiciada por las máximas autoridades de la nación y la comunidad autónoma en cuestión, el daño puede ser irreparable. Más que nada, porque los pasos que hoy se den, mañana será muy difícil desandarlos. Y bien es cierto que España actualmente anda demasiado atribulada por la crisis económica como para prestar atención a una amenaza que es bastante más seria de lo que algunos piensan. Por más que desde la izquierda se le quiera quitar hierro al asunto.

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