Domingo 18 de abril de 2010
Hace pocas fechas, José Luis Rodríguez Zapatero se jactaba de que durante 2010 España iba a ser capaz de reducir su déficit público nada menos que en 2,5 puntos. Fiel a su estilo, no dijo cómo, y eso es precisamente lo que le ha preguntado el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. No es para menos. En pleno debate sobre qué hacer con Grecia, Bruselas está muy preocupada por la posibilidad de que vuelva a producirse un caso similar pero de un volumen mucho mayor. De ahí que la iniciativa según la cual la Comisión Europea pueda revisar los proyectos presupuestarios que elabore cada país de la UE antes de que los aprueben sus respectivos parlamentos resulte adecuada y puesta en razón.
Bien es verdad que se trata sólo de una propuesta y que, como tal, ha de ser madurada. Pero no parece mala idea. Vaya por delante que lo que en ningún caso pretende Bruselas -por más que Elena Salgado quiera intoxicar al respecto- es hurtar a los países miembros su total soberanía en materia legislativa doméstica. Pero lo cierto es que vivimos en una Unión de soberanía compartidas. Nuestros socios son también –lo somos todos- contribuyentes al presupuesto común y nuestros propios presupuestos se nutren de, y contribuyen a, fondos comunitarios en una medida no desdeñable. De esta suerte, y habida cuenta de que las veleidades financieras de algunos habrán de ser pagadas por los 27 en su conjunto, justo es que la Comisión quiera saber a qué tendrá que atenerse en lo que se refiere a las cuentas de los Estados miembros. Si los respectivos socios europeos llevan a cabo una ley general presupuestaria como es debido, nada tienen que temer. El problema esta en los que, caso de España, arrastran un desgobierno impositivo cuyo destino es tremendamente incierto. Saber para prever, prever para proveer.