Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación para Garzón

El sindicato Manos Limpias solicitó este martes al Tribunal Supremo que abra juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional, al que acusa de haber cometido un delito de prevaricación en sus investigaciones de las desapariciones del franquismo, por el que solicita una pena de 20 años de inhabilitación. En opinión del colectivo de funcionarios, Garzón abrió una "causa general" con la que pretendía "dar justicia a los vencidos en la Guerra Civil, dando por cumplida y satisfecha la de los vencedores".

En su escrito de acusación, de 86 páginas, Manos Limpias sostiene que en todas sus actuaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".

Por ello, solicitan al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.

Según el sindicato -uno de los tres querellantes en esta causa junto a la Falange de las JONS y la asociación Libertad e Identidad-, "el momento culminante de la antijuridicidad" cometida por el magistrado es su auto de 16 de octubre de 2008" en el que, contra el criterio del fiscal, declaró la competencia de la Audiencia Nacional para la investigación y enjuiciamiento de los hechos denunciados por asociaciones de memoria histórica.