Sábado 24 de abril de 2010
La legislación procesal española dispone con toda nitidez los requisitos para constituirse en acusación particular. De no cumplirse dichos requisitos quien pretendiese ser parte en un determinado proceso quedaría imposibilitado para ello. Eso es lo que le ha ocurrido a la Falange en el caso que se sigue -no de ellos- contra el juez Garzón; al no corregir las imprecisiones jurídicas y apreciaciones valorativas de su escrito inicial, el juez Varela ha actuado conforme a derecho no permitiéndole seguir adelante. Con ello, Varela no sólo hace lo correcto, sino que arrebata a quienes ayer se manifestaban por media España azuzando los fantasmas de la Guerra Civil su principal caballo de batalla: que la Falange iba a sentar a Garzón en el banquillo.
Esto último en sí mismo es una gran falacia. Porque la Falange, por antipática que pueda resultar, está perfectamente legitimada en un Estado de Derecho para ejercer las acciones judiciales que estime oportunas, siempre y cuando lo haga de acuerdo con los cauces procesales oportunos. Pero no es la Falange quien ha llevado a Garzón al Supremo, sino sus propios actos en el ejercicio de su profesión, lo que le ha valido la apertura de tres causas diferentes ante el Alto Tribunal. Así las cosas, no acaba de entenderse muy bien a qué viene que gran parte de la izquierda española sacase ayer a pasear enseñas preconstitucionales y blandiera los argumentos que llevaron a España a partirse en dos en 1936. Franco murió en 1975, se votó una nueva Constitución y se dictaron unas leyes de amnistía que facilitaron una transición modélica y referente en el mundo entero. ¿Qué necesidad hay entonces de retroceder en el tiempo para revolver recuerdos felizmente superados? ¿Y qué tienen que ver el franquismo con la mala praxis de un juez estrella? Nada de nada.