Ignorancia e indefensión jurídica

Las leyes se supone que nos protegen. Protegen nuestros derechos y a la vez, imponen obligaciones. Esta relación entre obligaciones y derechos es la base que constituye el estatuto de un ciudadano de un estado democrático.

¡Y viva el ciudadano!, pero… ¿conocemos nuestros derechos? Solemos ocuparnos de ello, sobretodo cuando hay dinero de por medio y podemos beneficiarnos de la asistencia social, de un servicio sanitario, de una subvención, de una ayuda, de una beca… nos informamos y pedimos por esas boquitas que tan lindamente usamos para hablar y opinar.

Pero, ¿nos informamos sobre nuestras obligaciones? ¿Qué mecanismos dispone el estado para hacernos conocedores de ese aspecto de nuestra ciudadanía? En primer lugar, se me ocurre pensar en el BOE, pero ¿quién lee el BOE? Y es más ¿quién lo entiende? En segundo lugar se me ocurren los periódicos, que se explayan con gráficos y síntesis que suelen tratar de analizar los aspectos positivos y negativos de las leyes según van saliendo. Excepciones a esta regla son las leyes que no son polémicas y los puntos de las leyes que no nos hacen ni fu ni fa.

Todo ello me sugiere la absoluta necesidad de crear órganos intermedios que comuniquen estas obligaciones y sus aplicaciones a los ciudadanos. Conocer las leyes es una obligación, pero, ¿cómo conocerlas si no entendemos el lenguaje?

Para empezar habría que pensar en una asignatura para escolares y adultos que se llamase Educación para la ciudadanía pero que nos enseñase las leyes y el lenguaje jurídico. Habría que seguir por imponer, como una obligación de lo órganos legislativos, el comunicar de forma íntegra y cabal las leyes a los ciudadanos, y que se asegurasen que este conocimiento llega.

Conocer las leyes para poder cumplirlas es pues una obligación tanto de los ciudadanos como de los legisladores. La sanción a un incumplimiento de una ley que no se conoce, diría Sócrates, no debe ser ni la multa administrativa ni la cárcel, sino la escuela. Y en el mundo tan complejo en el que vivimos la escuela no puede terminar a los 16 años, sino que debe continuar toda la vida.

Tema más grabe es cuando legisladores y cuidadores de las leyes las incumplen. Para ellos, ni escuela ni multa, sino cárcel severa por abuso, de la confianza y de los ciudadanos.