A quién se vota y qué se elige

Empecemos recordando al clásico. Joseph Schumpeter fue quizá el primero en hacernos ver esto de la democracia como un mercado. ¿De votos? Si no hay más remedio... Porque, el voto no es más que la única divisa aceptable en democracia pero en modo alguno el objetivo de la transacción. Maticemos al sagaz economista austriaco con otro paisano suyo y colega no menos brillante. Hayek advertía que estos sistemas políticos liberales, representativos y democráticos son la resultante no planeada de luchas por el poder. Luego el objetivo estratégico no son votos sino poder. Y -si nos ayudamos del ilustrado inventor de la economía- concluiremos que el empresario de la política busca maximizar poder -como su homólogo en el universo propiamente económico quiere maximizar dinero. Ambos -diría Adam Smith- toleran y trabajan dentro del mercado si no hay más remedio, bien porque se lo imponen los consumidores (de votos y derechos, en nuestro caso), acaudillados por otros competidores, que se rebelan al verse excluidos del mercado (político). Pero, en realidad, como a todo empresario, a los del poder lo que les gusta es el monopolio. Desde los antiguos, el monopolio político lo conocemos como hegemonía, la aspiración de todo político de raza, manifiesta o secreta. Al parecer, Solon -que pasa por ser el profeta del sistema pero que antes fue "tirano" e inventó esto de la democracia como estrategia para recobrar el poder- reflexionaba que la hegemonía era una "gran posición" para un dirigente pero que tenía "mala retirada" (en referencia a que los tiranos acababan exiliados, encarcelados, expoliados o muertos). Observados desde el punto de vista de los empresarios del poder, estos sistemas liberales, representativos y democráticos se estabilizan cuando los políticos, tras amargas experiencias -que escribía el último Azaña- caen en la cuenta de esta observación originaria del sistema: "el sufrimiento", personal, recordado o leído, les convertía "en señores de la sabiduría" -versificaba Esquilo, que es quizá el inventor de la alternancia. Ese es el secreto que aprendieron los ingleses cuando montaron el primer sistema representativo moderno, como salida a casi medio siglo de guerras civiles. El never again inglés lleva camino de durar cuatrocientos años. El "nunca más" español apenas ha podido cumplir la treintena. Pero la expresión -que es de Felipe González en 1986, con ocasión del cincuenta aniversario de la Guerra Civil- parece una traducción del inglés porque la idea era la misma: un pacto de estado que cerrara el conflicto civil y liquidara la Dictadura, el penúltimo proyecto hegemónico, que estuvo en el origen -y fue la consecuencia- del conflicto.


Como Inglaterra, España ha tenido, desde el comienzo de sus regímenes liberales representativos y democráticos hace dos siglos, una marcada tendencia bi-partidista: progresistas y moderados, liberales y conservadores, bloque nacional y frente popular, populares y socialistas, por fin y en nuestros días. Pero, a diferencia de los británicos, parece que a los españoles les cuesta más entender aquello de Lord Acton: que si "partido viene de parte, debe ser que hay otra parte" -en España, más o menos igual de grande que la otra. Por eso, el costo de excluir a alguna de ellas ha sido siempre tan elevado, para los políticos profesionales, primero, para los dirigentes de grandes empresas de poder, después del novecientos treinta, para los consumidores de derechos y votos, siempre. Recorrimos más de medio siglo XIX debatiéndonos en un sistema de libertades entrecortadas, sin democracia (por otra parte prácticamente inexistente en lugar alguno) ni alternancia: cada "parte" imponía su constitución, como expresión de su proyecto político hegemónico, a base de pronunciamientos militares. El primitivo sistema de alternarse a "golpes" estuvo a punto de acabar con el sistema liberal a manos de los absolutistas (carlistas) sublevados. El desastre, entre 1870 y 1874, llevó a la reflexión y a un pacto de estado. Izquierda y derecha liberal construyeron un sistema liberal estable, sin democracia (porque se pactaban los resultados) pero con alternancia (porque se acordaron las reglas y se respetó -en lugar de aniquilar y excluir- a los rivales). Duró, medio siglo, hasta que a un militarito dicharachero, aficionado al flamenco y entrenado en casinos de provincia se le ocurrió (en 1923) que la manera de resolver contradicciones y zanjar problemas era trinchar la legalidad y clausurar el mercado político. Pero con la constitución, el salva-patrias se llevó por delante a la monarquía y a las organizaciones de partido liberales. Quizá por eso la II República naciera de la esperanza pero desequilibrada. Hubo democracia pero sin alternancia porque cada "parte" perseguía imponer su proyecto hegemónico, en el convencimiento que "la intransigencia" debía ser marchamo de "honradez" democrática, mientras los "pactos" lo eran de "pasteleo" y corrupción: "si quieren una guerra civil, que la hagan" -afirmó un conocido dirigente republicano. Y, en efecto, la hicieron casi todos. Y la perdieron todos: porque hasta los vencedores "se hicieron un daño a sí mismos" (Azaña) "infinitamente mayor que el que deseaban destruir" (Prieto). La perdimos incluso quienes no habíamos nacido porque el resultado de tamaña "desdicha fue la ruina nacional" (Prieto) y, su consecuencia, una dictadura interminable, vengativa y sórdida. Precisamente, desde esa reflexión se llegó al pacto de estado de 1978: una sociedad constituyente entre izquierda y derecha. Por eso -y por fin- hemos hecho coincidir libertad, alternancia y democracia.


Hasta el 2004. Desde ese año, se viene ensayando un nuevo proyecto hegemónico. La idea del señor Zapatero y sus "encuesteros" es astuta: en un sistema electoral proporcional con partidos nacionalistas, como es nuestro caso, si uno de los dos grandes partidos -en este caso el PSOE- cambia de socio y pacta una nueva sociedad constituyente con los partidos nacionalistas, expulsará a su rival, no ya del poder -que es lo natural e higiénico - si no del sistema político, una consecuencia más discutible. El PP, incapaz de alcanzar a su rival en la almoneda nacionalista, salvo riesgo de dividir al partido, se verá obligado a ganar por mayoría absoluta, una hazaña electoral poco frecuente. A la ocurrencia le puso letra el pacto del Tinell (un compromiso entre nacionalistas y socialistas para aislar al PP con un "cordón sanitario"). Su partitura fue un estatuto (el de Cataluña), por vez primera, cocinado y aprobado sin el partido de mayoritario de la oposición como acta notarial de la ruptura del pacto de estado. La marcha de poder vino de Galicia y Cataluña, donde el PSOE perdió las elecciones pero conservó el poder apuntalado por minorías secesionistas radicales. El guión, pues, está escrito y, el nuevo concierto, ensayado con éxito. Votando, pues, a Zapatero se sabe que ese es el programa que verdaderamente se elige. Todo lo demás, cuando no irrelevante, resulta una derivada episódica, por más que resulte trascendente (política terrorista incluida).


Como proyecto hegemónico, la ocurrencia es sagaz. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema político, presenta algunas variables de manejo cuestionable: es complicado estabilizar un sistema en que una de las partes constituyentes del acuerdo -los nacionalistas- están más interesadas en desmontarlo todo para construir su propio estado que en constituir el del enemigo. Y tienen razón, desde su punto de vista. Aún y todo, al menos en teoría, la pirueta podría haber servido para integrar a los insaciables, enredándolos entre las mieles del poder. Hubiera sido una consecuencia no planeada pero si celebrada para la estabilidad del sistema. Pero no ha sido así. A estas alturas, ya sabemos -expresis verbis de los interesados- que el acuerdo socio-nacionalista, en lugar de integrarlos, ha catapultado a los secesionistas hacia un soberanismo radical. Aunque no la principal, esa es una de las razones por la que "el plan" nació con plomo en el ala. Zapatero, que además de gran simulador y mejor actor, es hombre listo, lo sabe mejor que nadie. Y tiene su antídoto: la pérdida de las elecciones que las encuestas vaticinan a sus rivales deberá producir la división del PP o abrir una fase de disputas por su liderazgo. Quizá por ello, Rajoy ha hecho una legislatura -y planteado una campaña- no tanto para ganar el poder, como para no perder la oposición (que es un lugar en el que también se come calentito).


En todo caso, el panorama es relativamente sombrío. Porque podemos disimular cuanto queramos la realidad, agitando el desmesurado espantajo del "España se rompe" pero, en un contexto económico descendente, más pronto que tarde, va a resultar complicado ocultar el desequilibrio creciente en la caja de compensación territorial de una política basada en condados y principados, en lugar de ciudadanos individuales. Los Zarrías de este pequeño mundo se van a quedar sin dinero para sus deportes clientelares. Y no les va a gustar. Con todo, el problema principal de la ocurrencia es el de siempre en los proyectos hegemónicos en España: uno puede sacar a la "otra mitad" del juego pero no sin consecuencias. Por eso Sagasta, conspirador y revolucionario buena parte de su vida, terminó por comprender que los planes de "aniquilación y exclusión del rival no pueden acabar más que en desastres". La comprobación del aserto sería nada más que una cuestión académicamente intrigante, si no fuera porque quienes estamos dentro de una probeta que el alquimista político parece manejar a ritmo de maracas somos nosotros.