El Tribunal Constitucional merece un respeto

El presidente de la Generalitat, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, acordaban anteayer que el Parlament de Cataluña instase al Tribunal Constitucional a declararse incompetente para dictar sentencia sobre el Estatut. Ayer quedó escenificado dicho acuerdo en el Parlament, o lo que es lo mismo, la expresión de la voluntad popular catalana. El matiz tiene su importancia, y mucha: no es lo mismo un acuerdo puntual entre dos formaciones políticas presentado en una rueda de prensa, que una resolución emanada de un parlamento autonómico, pese a llevar la coletilla “proposición no de ley”. Así las cosas, lo que el martes era un atropello adquirió ayer miércoles condición de atropello oficial.

¿A qué extremos de absurdo habrá llegado la política española como para que un presidente autonómico y el líder de la oposición en esa comunidad se atrevan a sugerir la desactivación del Tribunal Constitucional? Pocos hechos tan graves ha habido últimamente y lo peor de todo ello es el Gobierno ha pasado de puntillas por este asunto, no vaya a ser que el PSC se incomode. De esta manera, quedan en papel mojado las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero en las que defendía la legitimidad del Constitucional. Ha sido su partido quien presuntamente le ha enmendado la plana. Y decimos presuntamente porque el señor Zapatero tuvo ocasión en el Senado de desfacer semejante entuerto, pero no sólo no lo hizo, sino que dio a entender que le parecía bien lo que se hacía en el Parlament de Cataluña. Que sea la propia presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas, quien deba salir a la palestra para defender la importantísima labor del órgano que preside da una idea clara de hasta qué punto se ha llegado a deteriorar la vida institucional española.